EDITORIAL

El doble rasero de la justicia

La manera inequitativa como se aplican las normas que protegen los derechos de los acusados pone en evidencia el doble rasero de la justicia

Una serie de actos judiciales que durante las últimas semanas ha adquirido cierta notoriedad en el escenario político nacional, ha vuelto a poner en duda la ecuanimidad con que el Órgano Judicial y el Ministerio Público actúan cuando de impartir justicia se trata.
El fenómeno no es nuevo, ni mucho menos, ni exclusivo de nuestro país. Por el contrario, es un mal que acecha a la buena aplicación de la justicia desde tiempos inmemoriales y es precisamente por eso que en la legislación moderna están claramente establecidas una serie de medidas especialmente concebidas para evitar, o por lo menos disminuir, el riesgo de que en nombre de las leyes y la justicia se cometan abusos. Para garantizar el cumplimiento de esas previsiones existen convenios y tratados internacionales que obligan a los países miembros de la comunidad internacional a demostrar su acatamiento.
Entre los derechos de las personas acusadas de haber infringido alguna norma legal el más importante es el principio de la presunción de inocencia, según el que se establece la inocencia de la persona como regla, condición de la que no se la puede privar hasta que se demuestre su culpabilidad a través de un proceso seguido de acuerdo a las normas vigentes. Llevado a la práctica tal principio, tendría que plasmarse en que nadie, por graves que sean las acusaciones que pesen en su contra, sea condenado a sanción alguna antes de que se dicte una sentencia.
Sin embargo, y a pesar de lo claro que es el mandato de las leyes y la plena vigencia de convenios y tratados internacionales, basta una somera revisión de los casos judiciales más publicitados en nuestro país, o de las estadísticas relativas a la población carcelaria, para constatar lo lejos que estamos de aplicar tan importante derecho de las personas. O por lo menos de aplicarlo con equidad y no como una forma más de distribuir premios o castigos, como ocurre actualmente.
Ejemplos que podrían ilustrar lo dicho, abundan. En realidad no hay día que pase sin que un nueva actuación del Ministerio Público o fallo judicial ponga en evidencia la doblez con que gran parte de jueces y fiscales actúan en nuestro país. El contraste entre la dureza con que se aplican en unos casos las normas legales, privando o reduciendo al mínimo los beneficios que la ley otorga a los acusados cuando son considerados adversarios, y la generosidad con que se los otorga a quienes pertenecen a las filas del bando oficialista, es probablemente la manera más notoria como la aplicación de ese doble rasero se pone en evidencia.
Ante tan injusta situación, son muchas las voces que se han alzado reclamando un trato equitativo. Sin embargo, a juzgar por las expresiones de importantes exponentes de la oposición, no es equidad en el respeto de los derechos lo que se reclama, sino que se los viole en todos los casos por igual. Penosa muestra de la falta de la cultura cívica y espíritu democratico que sólo sirve para dar un aspecto de legitimidad a la arbitrariedad.