EDITORIAL

El financiamiento a los partidos políticos

Son muchas las razones que justifican el financiamiento a las organizaciones políticas. La nueva ley debe por eso restablecerlo

Un error en el que cayó la sociedad durante la vigencia del sistema político-partidario que se construyó desde la recuperación democrática en 1982, fue estigmatizar la acción política al punto de lograr deslegitimarla como la actividad que busca el bien común. El sobredimensionamiento de los errores cometidos por sus operadores, en desmedro de los evidentes aciertos que tuvieron en la creación de una institucionalidad democrática en el país, fue socavando este sistema hasta llegar a su derrota en 2003 y 2005.
Mucha de esa aprehensión, empero, no fue gratuita ni de posiciones de rechazo planificado. Los operadores políticos dieron muchas muestras de insensibilidad ante las demandas ciudadanas, permitieron la expansión de la impunidad y, en consecuencia, de la corrupción, y, probablemente lo más grave, olvidaron que hacían política para convertirse en gestores de intereses particulares.
Ayudó a esa decadencia que no se haya podido diseñar un sistema normativo que convirtiera a los partidos políticos en escuelas de participación democrática y permanente rendición de cuentas. Más bien, los jefes y caciques postergaron lo más que pudieron una Ley de Partidos Políticos que finalmente la “podaron” de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, fue finalmente promulgada y se pudo establecer algunos principios de regulación cuyo espíritu lamentablemente no fue comprendido ni aplicado. Más bien predominaron aspectos de procedimiento, particularmente en lo que se refiere al financiamiento estatal que fue el tema más rechazado por la ciudadanía.
Con el arribo al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) este instrumento ha sido virtualmente archivado y está en gestación una nueva norma en la que una vez más el principal punto de polémica es el financiamiento estatal, lo que ha sido aprovechado por los dirigentes del MAS para asegurar que no habrá tal financiamiento que es, al final de cuentas, lo que desean.
Es importante señalar que el financiamiento estatal ayuda a que prevalezca la transparencia en el manejo de las organizaciones políticas por cuatro razones principales. Una, por cuanto al hacerlo se pone una barrera (que, lamentablemente, no llega a ser blindaje) a que los operadores políticos recurran a dineros de dudoso origen o provenientes de grupos de poder, cuya recepción implica asumir compromisos que por lo general no son legítimos. Segundo, en la medida en que el Estado financie a las organizaciones políticas, también podrá supervisar que el manejo económico de éstas sea transparente y se rinda cuentas en forma periódica. La tercera, que el financiamiento estatal promueve, de alguna manera, la equidad entre las organizaciones legalmente constituidas. Por último, que este financiamiento ayuda a morigerar el poder de los políticos propietarios.
Si lo señalado es correcto, el financiamiento a las organizaciones políticas –debidamente reglamentado y supervisado– debe ser introducido en la nueva ley porque, además, aporta a la construcción de una cultura de rendición de cuentas que tanta falta hace en el país. Lo contrario significará mantener abiertas las puertas a financiamientos indeseables, agudizar la falta de equidad en la competencia política e impedir supervisar el manejo de los recursos económicos de aquéllas.