RESOLANA

Por mano propia

Carmen Beatriz Ruiz.- Proliferan. Vestidos con detalle (pantalón, zapatos deportivos, chompa y gorra), siempre varones, los muñecos de trapo cuelgan de los postes de luz con un letrero que anuncia “Todo ladrón que se encuentre será colgado y quemado”. Ya son parte del paisaje en los populosos barrios de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Potosí. ¿Qué lleva a la gente a confiar en esa advertencia brutal, aunque aparentemente sin eficacia comprobada?
Siempre ha habido linchamientos en las zonas rurales del país, principalmente en la región andina. Pero su notoriedad es mayor desde hace aproximadamente 15 años, junto con el acelerado y permanente incremento de las poblaciones urbanas y, al mismo tiempo, el interés con el que los medios los enfocan y difunden, sobre todo los audiovisuales. La cifra anual nacional reportada por los medios (no se conocen reportes del Poder Judicial ni de la Policía Nacional) está entre diez y veinte linchamientos.
Se ha repetido hasta el cansancio que el ajusticiamiento de un sospechoso a manos de una turba no es justicia comunitaria. Y efectivamente, no debería hacerse una relación automática. Pero tampoco se puede negar que en varias comunidades andinas existe la práctica de los castigos corporales, incluso el extremo, como la muerte.
Pero, no se trata solamente de un tema de usos y costumbres. El recrudecimiento y la expansión urbana de la práctica del ajusticiamiento tienen origen, y excusa, en la creciente inseguridad ciudadana en los barrios populares y en la desconfianza de la gente en los mecanismos institucionales públicos que deberían estar a cargo de proteger a la población. Así lo demuestran estudios de percepción realizados en las ciudades de La Paz y Cochabamba. En esta ciudad, la reciente encuesta patrocinada y difundida por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadana), el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y el matutino Los Tiempos, ilustra con detalle la justificación con que vecinos y vecinas argumentan sobre la validez de hacer justicia por mano propia: no tenemos garantías, no hay vigilancia policial, cuando los detienen los sueltan casi de inmediato y reinciden, no los juzgan y no los castigan.
Hay, por lo tanto, un triángulo fatídico entre la inseguridad, la mala reputación (y por lo tanto la desconfianza) de las instituciones y ciertas prácticas culturales. Como concluye la investigadora Vivian Schwarz, para la gente “el vacío de justicia y el problema de inseguridad no son dos cosas separadas”.
A ese diagnóstico hay que añadir que las condiciones de vida en los llamados barrios periurbanos son deficientes no sólo por la mala calidad de la mayoría de los servicios, sino porque carecen de medios que favorezcan la seguridad, por ejemplo de luminarias y de vigilancia policial; y que, como suele ocurrir, esas deficiencias afectan principalmente a mujeres y a niños quienes ven restringida su circulación segura.
Hay un efecto pernicioso de la justicia por mano propia sobre la convivencia democrática. Cuando la defensa de la sociedad se convierte en un asunto de muchedumbre y en acciones extrainstitucionales, el remedio puede resultar peor que la enfermedad, alimentando comportamientos violentos y difuminando los límites de la responsabilidad individual y de lo que se define como delito y como justicia. La gente, obligada a actuar por sí misma, pone sobre el tapete la insolvencia del Estado. Un tema más para el debate urgente.