BUSCANDO LA VERDAD

Prepotencia e impotencia…

Gary Antonio Rodríguez Álvarez.- Por azares de la vida, el 7 de noviembre viví una situación potencialmente peligrosa. De golpe y porrazo me vi en medio de una agresión al fotógrafo Jorge Mamani y a la periodista Lic. Karem Gandarillas –del matutino estatal “Cambio”– por un centenar de avasalladores de tierras cuyo paso fue detenido en la comunidad de Limoncito, al Norte de Santa Cruz, a 100 km de la capital. Sólo porque Dios es grande el hecho no pasó de una refriega entre media docena de pobladores y avasalladores, si bien la tragedia se pudo dar porque del lado de la “prepotencia” había machetes –y hasta un rifle– como mostraría luego la prensa.
Me dolió ver a tanta gente pobre en Limoncito exponiéndose al choque provocado por unos cuantos agitadores que se dicen “sin tierra” cuando hay quienes aseveran que sí la tienen además de casas, movilidades y hasta dinero que no demuestran. Dicen querer tierras para producir alimentos para su consumo, pero el problema es que para ello afectan tierras en producción. Que la pobreza extrema golpea en Bolivia a más de 2 millones de personas, es verdad, y que ésta se da más en el campo, igual. Pero de que hay quienes se aprovechan de tal situación, también.
Del otro lado están los afectados, los productores agropecuarios cuyos predios son avasallados sin importar su origen o tamaño, y si son hombres o mujeres…todos tienen algo en común: lo único que quieren es trabajar tranquilos para producir más alimentos para Bolivia y el mundo. Para ellos, los avasallamientos –que suman ya más de 70– tienen que ver con un negocio de venta de tierras.
En el corto tiempo que me ocupé del tema me entristeció ver en el lado de la “impotencia” cómo –a causa de los avasallamientos– gente de bien ha sido afectada en su salud, su economía, su familia y hasta ha sufrido cárcel. ¡Hablo de los afectados, no de los avasalladores! Y me indignó saber cómo la ley castiga a veces al propietario en vez del avasallador, p.ej., cuando una tierra es avasallada y tumban y queman un monte, y el propietario es multado por el Estado… ¿qué pasa con el INRA y la ABT?
¿Soluciones? Con tanta tierra fiscal disponible ¿por qué no dotarla a los campesinos para comprobar si la cultivarán? Y ¿por qué no escarmentar a quienes trafican con la tierra y lucran con la pobreza? Con dos o tres, bastaría. Porque, de no brindar el Estado seguridad jurídica, se corre el riesgo de que la producción del agro baje o se estanque y –vis a vis– que la prepotencia aumente hasta el día en que la impotencia reviente.