EDITORIAL

Ansiosos pero no apurados

La ausencia de reglas claras en el campo económico, junto con acciones poco previsibles por parte de autoridades públicas, provocan incertidumbre generalizada tanto dentro como fuera del país

Desde este medio hemos insistido en repetidas oportunidades sobre la necesidad y pertinencia de la pronta aprobación de la denominada Ley de Inversiones, no con la aspiración de engrosar el ya abultado sistema normativo boliviano, sino en la perspectiva de que se establezcan reglas de juego claras y de largo aliento, recuperándose la seguridad jurídica en el ámbito de la economía para emprendedores, inversionistas, comerciantes y ciudadanos en general.
La norma mencionada, entonces, no es un fin en sí misma, sino un medio para que propios y extraños conozcan de antemano cómo, cuándo, dónde y con qué consecuencias han de realizar actividades económicas en el país, entendiendo la importancia de conocer cuáles pudieran ser las respuestas y reacciones del aparato institucional boliviano y de la sociedad en general sobre la base de un marco jurídico concreto.
Aunque fuera deseable que el ambiente para las inversiones contenga los más amplios márgenes de atractivo y libertad, ciertamente, el Estado boliviano tiene la prerrogativa de definir y modular las políticas restrictivas que viera por conveniente a sus intereses, pero ello debería estar precisado con anticipación y claridad antes de que el inversionista decida actuar (o no actuar) evitándose así que la acción económica parezca sometida al arbitrio de cualquiera que tenga el poder suficiente para favorecerla o perjudicarla de acuerdo a intereses sectarios y particulares.
La ausencia de reglas claras en este campo, junto con acciones poco previsibles por parte de autoridades públicas, como nacionalizaciones intempestivas, intervenciones y expropiaciones, e incluso altisonantes declaraciones –así sea que finalmente se queden en eso–, provocan incertidumbre generalizada tanto dentro como fuera del país. Semejantes decisiones y declaraciones, que no han impedido, cabe aclarar, buenos niveles de negocios en el país, sí han provocado negativas percepciones como se desprende del hecho que Bolivia se encuentre en el puesto 156 de entre 177 países dentro del Índice de Libertad Económica, constituyéndose en un muy mal antecedente si lo que se pretende es atraer inversiones para incrementar la productividad y dejar de depender de la extracción de recursos naturales, y al mismo tiempo, generar más y mejores empleos en la lucha por propiciar el bienestar y la prosperidad de los bolivianos para que todos podamos vivir bien.
Entre tanto, y desde el otro lado del mostrador, también provocan susceptibilidades declaraciones como las expresadas por representantes de los empresarios nacionales en sentido de que ellos no están “apurados, pero sí ansiosos” porque se promulgue la nueva Ley de Inversiones, puesto que este gremio es el que más ha presionado en los últimos años para contar con un instrumento de esta naturaleza, y a él se han sumado representantes diplomáticos acreditados en Bolivia porque, a su criterio, la falta de esta norma impide realizar mayores inversiones en el país.
En definitiva, de lo que se trata es que quienes deseen invertir en el país tengan el marco legal suficiente que impida que la arbitrariedad se imponga por sobre la norma. Ni más ni menos.