EDITORIAL

Las FFAA y las leyes

Son muchos los casos en los que las autoridades militares se resisten a cumplir las normas vigentes, ante la aparente indiferencia gubernamental

La mantención y reproducción del poder exigen, en muchas oportunidades, hacer concesiones a una serie de principios que, mientras no se ejercían, eran parte constitutiva del discurso que catapultó a estos operadores. Entre ellas, las relaciones con los estamentos armados del país, las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía.
Sin embargo, hay límites que sobrepasar no sólo que tiene como costo perder legitimidad sino, lo que es tan peligroso, caminar por el sendero que puede conducir a que esos estamentos exijan ya totales concesiones, como ha ocurrido en muchos episodios de nuestra convulsionada historia. Más aún si el paso siguiente es la decisión de pasar de subordinados del poder civil a subordinarlo a éste.
Al parecer, el proceso que dirige el actual gobierno tiene, entre otras, dos corrientes importantes. Una, de vocación autoritaria y otra, de una cercanía a proyectos “bonapartistas” vigentes en las décadas de los 60-70. Hasta ahora, ha primado la actitud de ceder ante las demandas de esos sectores y, para peor, ir configurando una estructura de impunidad poco comprensible, particularmente para quienes vivieron los horrores de las dictaduras (de las que el grueso de las actuales autoridades se vio libre o, como sucede en algunos casos, fueron parte de esas estructuras).
Así, transcurridos casi ocho años de gestión ininterrumpida del gobierno del MAS, no ha sido posible que los sucesivos mandos militares respondan la demanda judicial y del Ministerio Público para dar con el paradero de los desaparecidos durante las dictaduras militares, particularmente la de Luis García Meza Tejada (quien, por lo demás, pasa más tiempo en el hospital militar que en la cárcel de Chonchocoro).
Además, pese a las acciones de la justicia y del Defensor del Pueblo, el actual mando se resiste a dar explicaciones suficientes (lo que conduciría al debido procesamiento y sentencia de quienes resulten ser autores de la muerte, cuando no asesinato, de alrededor de 20 personas entre oficiales, conscriptos y personal civil de las FFAA. Ha llegado a tal grado la impotencia del Defensor del Pueblo que ha hecho una rogativa al Presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado para que sea esa instancia la que actúe para que se diluciden los crímenes y deje, de una buena vez por todas, de presentarse este tipo de casos dentro de la institución castrense.
La más reciente muestra de esta actitud que se reseña es la asumida por las autoridades militares sobre el último incidente en el TAM. Estas han optado por no dar informaciones y se mantiene en el limbo legal –que es de esperar, según anuncio vicepresidencial, que pronto termine– a la Dirección General de Aeronáutica Civil, pese a que el TAM presta servicio comercial. Además, esta actitud, de acuerdo a algunos entendidos, puede poner en peligro la calificación internacional de nuestros aeropuertos.
Son, pues, muchos los casos en los que las autoridades militares se resisten a cumplir las normas vigentes, ante la aparente indiferencia de un gobierno que, como se ha señalado, corre mucho riesgo al actuar de esa manera.