EDITORIAL

Avasallamientos de tierras e inflación

Si las razones legales no fueron suficientes para que el gobierno detenga los abusos, es de esperar que lo haga por temor a los efectos económicos

Dos noticias, que por razones obvias están muy relacionadas entre sí, han vuelto a poner en el centro de la atención de las autoridades gubernamentales del área económica y de las organizaciones agroempresariales de nuestro país un problema cuya gravedad no ha dejado de crecer durante los últimos años. Nos referimos a la tendencia decreciente de la producción de alimentos, por una parte, y a la impunidad con que siguen operando grandes organizaciones de avasalladores de tierras productivas en las fértiles tierras del oriente boliviano.
La relación directa entre uno y otro fenómeno es evidente, y por eso en las más altas esferas gubernamentales, o por lo menos en las directamente relacionadas con la gestión económica, el tema ha comenzado a recibir la atención que merece. Es que si algo aterroriza a las autoridades del área económica, de éste o de cualquier otro gobierno, es que la escasez de productos alimenticios en los mercados ocasione un alza de los precios y ésta, a su vez, socave las bases de su apoyo popular.
Los más recientes datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al respecto han encendido las primeras señales de alarma. Es que según esas cifras, el índice de inflación en los alimentos hasta octubre pasado fue de 16%, casi cinco veces más que durante el mismo periodo de 2012, lo que abre la posibilidad de que se desencadene durante los próximos meses una espiral inflacionaria parecida a la venezolana.
Es al llegar a ese punto que, pasando por encima de cualquier consideración política, las preocupaciones de las autoridades del área económica convergen en un mismo punto con las organizaciones que aglutinan a los empresarios del sector agroindustrial cruceño. Es que siendo ellos los principales productores de alimentos de nuestro país, las dificultades que se les presenten para desarrollar sus actividades productivas dejan de ser asunto de su exclusiva incumbencia para pasar a ser de interés nacional. Más aún si esas dificultades ya no consisten sólo en las incontables trabas burocráticas con las que continuamente se interfieren sus labores, sino en la impunidad con que los avasallamientos de tierras están dando fin con los pocos estímulos que todavía quedan para mantener e intensificar las inversiones productivas.
Hasta hace poco, por razones de carácter político, muchas de las reparticiones estatales optaron por minimizar el problema de los avasallamientos para evitar desavenencias con sus principales protagonistas, los “movimientos sociales” que constituyen la principal base de sustento político de las fuerzas gubernamentales en los llanos orientales.
Ahora, cuando el escenario político se ha modificado sustancialmente en comparación al de años anteriores; cuando el buen desempeño de la economía ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda gubernamental, resulta indispensable un radical cambio de actitud. Para ello, urge que el gobierno cumpla con su obligación de hacer prevalecer el principio de autoridad y restablezca la plena vigencia de los derechos constitucionales.