JUSTICIA. La muerte de la cadete motivó el pronunciamiento de varias instituciones.

LA ONU PIDE QUE LA INVESTIGACIÓN RINDA FRUTOS

Oficiales de la Policía caen por muerte de una cadete

Familiares de Cinthia Poma se querellan contra efectivos de la ANAPOL

La Paz/Agencias

La Fiscalía determinó anoche la aprehensión de dos oficiales de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) luego de realizar inspecciones a los lugares donde fueron castigadas las cadetes del tercer año, de las que Cinthia Poma falleció.
La fiscal Edna Montoya ordenó el arresto del capitán Maicol Benjamín Rojas Tórrez y del teniente Manuel Alejandro Aguilar por ser, presuntamente, quienes sometieron a castigos físicos excesivos a las estudiantes de la ANAPOL.
La Fiscal, junto a representantes de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Legislativa, con la presencia de la diputada Benancia Gutiérrez, realizó la inspección al dormitorio de Poma y al lugar donde fueron sancionadas las otras cadetes que continúan internadas en la clínica policial; el acto culminó cerca de las 21:30.
Según medios televisivos, el capitán Rojas es uno de los cinco instructores que el pasado fin de semana realizaron los últimos exámenes a los estudiantes.


PEDIDO DE LA ONU
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia pidió ayer a las instancias encargadas de investigar el caso, indagar este suceso con imparcialidad y transparencia.
El organismo, a través de un comunicado, exhortó a las autoridades competentes a tomar todas las medidas necesarias para que los sucesos dolorosos que acontecieron el pasado 18 de noviembre en la Anapol no se vuelvan a repetir y para garantizar el pleno respeto a la dignidad humana, así como de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizará el seguimiento de las investigaciones que se llevarán a cabo en este caso.


QUERELLA PENAL
Wilson Echave, abogado de la familia de la cadete Poma presentó ayer una querella penal en contra de cuatro instructores de ese instituto policial, por el delito de "feminicidio".
El delito de feminicidio, según la Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
“Tenemos identificados a cuatro oficiales, instructores de la ANAPOL que son querellados por el delito de feminicidio”, explicó el jurista a los periodistas.
Entre ellos, citó a la subteniente Noemi Argote, al teniente Manuel Aguilar Villanueva y a los capitanes Maycoln Benjamín Rojas Torres y Boris Alberto Loayza Rada.