EDITORIAL

Doble aguinaldo: entre la sorpresa y el temor

Ha causado sorpresa la medida porque todo parecía indicar que el Gobierno había hecho de la lucha contra la tendencia inflacionaria una prioridad

La sorpresiva promulgación del Decreto Supremo 1802, mediante el que se dispone el pago de un doble aguinaldo para trabajadores del sector público y privado del país, ha sido recibida con un amplio abanico de reacciones que van desde el desmedido entusiasmo en las filas gubernamentales, en un extremo, hasta expresiones de mucho temor entre quienes se desempeñan en el sector privado de la economía, en el otro. Entre unos y otros, el estupor que suele causar todo lo que es a primera vista incomprensible fue tal vez la reacción más común.
Las mayores muestras de entusiasmo provinieron de quienes por tener asegurado un salario fijo en el sector público se sintieron doblemente motivados a aplaudir la disposición. No sólo por las ventajas que les da su condición de asalariados –en un país en el que esa condición es de por sí un enorme privilegio–, sino también por la suposición de que la medida tendrá grandes réditos políticos que se harán efectivos cuando llegue el momento de votar en las elecciones generales del próximo año.
En el otro extremo del escenario se ubican quienes por la abundante experiencia propia y ajena –recuérdense los tiempos de la hiperinflación o el actual colapso de la economía venezolana– sintieron miedo por las previsibles consecuencias que la disposición gubernamental traerá consigo. Quienes así reaccionaron fueron quienes no tienen a su disposición las arcas estatales y deben por ello producir con su propio esfuerzo los recursos económicos necesarios para solventar sus gastos y equilibrar sus presupuestos. A este grupo pertenecen los empresarios –grandes, medianos o pequeños– y los trabajadores que dependen de ellos.
Quienes se desenvuelven en el sector privado de la economía saben que toda erogación extraordinaria debe necesariamente ir aparejada de otras medidas, como la reducción de las planillas salariales a través de los despidos, y la muy previsible elevación de los precios de sus productos, entre otros efectos indeseables. No puede ser de otro modo pues, a diferencia de lo que ocurre en el sector público, la posibilidad de modificar los presupuestos, más aún al finalizar el año, no es algo que dependa sólo de los deseos o la voluntad, sino de factores objetivos sujetos a leyes muy rígidas de la economía.
No serán, sin embargo, los asalariados del sector público ni los del privado quienes más directamente sentirán los previsibles efectos multiplicadores de la nueva disposición gubernamental, sino la inmensa mayoría de la población boliviana que, por no tener un salario fijo, no tendrá aguinaldo y mucho menos uno doble. Quienes obtienen el sustento diario ofreciendo sus productos y servicios no tendrán más que una sola manera de obtener algún beneficio y disminuir los perjuicios, que será encareciendo el precio de los productos que ofrecen.
En ese contexto, y dados los antecedentes del tema, resultan muy comprensibles las expresiones de preocupación con que ha sido recibida la medida por gran parte de la población. Más aún si se recuerda que hasta la víspera, todo parecía indicar, como lo destacamos en más de una ocasión en este espacio editorial, que el Gobierno había hecho de la urgente necesidad de detener la tendencia inflacionaria una prioridad.