EDITORIAL

El doble aguinaldo y un conflicto de visiones

El doble aguinaldo ha abierto una gran polémica nacional que tendrá, a diferencia de otros temas, un inapelable árbitro dirimidor

La decisión del Gobierno de que este año se pague un segundo aguinaldo a los empleados públicos y privados ha puesto a todos los bolivianos, desde los más humildes campesinos hasta los más renombrados economistas y politólogos, ante un singular desafío. Quien más, quien menos, valiéndose de los elementos de juicio que les da su propia experiencia o los instrumentos teóricos obtenidos mediante su formación profesional, todos se han dado a la tarea de vaticinar las consecuencias económicas y políticas que el doble aguinaldo acarreará.
Si durante las próximas semanas y meses se desencadenará en nuestro país una ola inflacionaria, y si la pesada carga que ha sido puesta en las espaldas de las empresas privadas sin justificación alguna y poniendo a muchas de ellas al borde del colapso, se traducirá en resultados recesivos, como la disminución de las inversiones y destrucción de fuentes de trabajo, son las principales vertientes de una polémica que se libra con tanto fragor en las charlas familiares de sobremesa como en los ámbitos académicos.
En la base de la pirámide social, las primeras reacciones han provenido de pequeños productores agrícolas, comerciantes minoristas y transportistas, sectores que de manera unánime han anunciado su decisión de elevar los precios de sus productos y servicios en hasta un 50 por ciento. Anuncios que a primera vista darían la razón a quienes prevén que los efectos negativos serán mayores que los positivos.
Respaldados en esas primeras señales del mercado y de sus conocimientos teóricos, han abundado los argumentos de expertos en materia económica que han puesto en la mesa del debate su artillería teórica, como si de fichas en una apuesta se tratara. Han vaticinado muchas y muy graves consecuencias negativas y no han faltado quienes llevando al extremo sus previsiones catastrofistas han augurado un futuro tan calamitoso como el venezolano.
En el extremo opuesto están quienes comandan el equipo económico gubernamental y sus seguidores. Ellos, incluso en tono burlón, han descalificado los vaticinios pesimistas asegurando que nada malo pasará. Y si bien reconocen la posibilidad de que durante los próximos días haya cierta tendencia a la elevación de precios, aseguran que nada saldrá de su control y los hechos demostrarán que sí saben lo que hacen; es decir, que saben usar los instrumentos que tienen en sus manos para conjurar cualquier riesgo inflacionario y que a pesar de uno que otro pequeño traspié el balance final será positivo.
En esta polémica, a diferencia de las que se libran en escenarios más subjetivos que objetivos, habrá un implacable árbitro dirimidor que sin ningún tipo de contemplaciones ni prejuicios ideológicos dará muy pronto su veredicto. Será el mercado, el que a través de sus implacables leyes, dirá quién tiene la razón y quién no. Si en diciembre se desencadena una vorágine inflacionaria y si a causa de ello la mayor parte de la población boliviana termina lamentándose, habrá sido el Gobierno, sus operadores económicos y políticos, quienes sufran las consecuencias del error. Si ocurre lo contrario, les será muy difícil a sus detractores recuperar la credibilidad que están poniendo en juego.
Por eso, pocas veces mejor que ahora se aplica aquello de que “el tiempo lo dirá”.