FORO. En la clausura los directores del periódico Los Tiemposy del Semanario Uno. miembros de la ANP.

INFORME 2013 DE IMPUNIDAD A PERIODISTAS

¿Se implanta modelo contra la libre expresión?

La Paz/Daniel Villavicencio

De la mano de los gobiernos progresistas en Sudamérica, parece haber iniciado la implantación de un modelo que atenta contra la libertad de expresión. Este modelo que bien no sólo podría corresponder a ideologías de izquierda exclusivamente, consiste en la intención de los gobiernos de turno de desacreditar a la prensa y copar la mayor cantidad posible de espacios en los medios de comunicación con el propósito de crear una hegemonía para que sólo se cuente una sola verdad: la versión oficialista.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) de Ecuador compartió esta ponencia durante la presentación del segundo informe sobre impunidad de hechos de violencia contra periodistas en América Latina y el Caribe. El director de esta organización, César Ricaurte, resumió la situación que está viviendo ese país así: Ha bajado la cobertura de noticias políticas y ha subido la de farándula y deportes.
¿Qué quiere decir Ricaurte con esa frase? Simplemente que ante la enorme presión ejercida desde diferentes ángulos, la prensa ha optado por dejar de lado su rol fiscalizador y de denuncia.
El informe denominado “Rastros y Rostros de la Libertad de Expresión de América Latina y Caribe 2013”, elaborado por la IFEX-ALC (Alianza por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe), muestra que cada vez más agresiones y asesinatos contra periodistas están quedando en la impunidad ante lo cual no existe una voluntad política de las autoridades por revertir este panorama. Pero también suman otro tipo de agresiones: presión y amedrentamiento.
A decir de Ricaurte, hay tres estrategias en pleno desarrollo. La primera consiste en desacreditar al periodismo, describirlo como mentiroso, corrupto o enemigo de los cambios. El Gobierno de Ecuador ha puesto en duda la legitimidad de la prensa, poniendo como antecedente que ésta nunca ganó una elección popular como sí lo hizo el presidente Rafael Correa. El discurso contra la prensa se construye con una poderosa propaganda estatal.
El segundo elemento es utilizar el poder judicial. Los funcionarios públicos emprenden acciones legales contra periodistas, los procesos no avanzan o se paran antes de dictar sentencia.
El tercero es un montaje de un círculo legal. Ricaurte advierte de leyes y normas para amedrentar a la prensa. La polémica ley de medios en Ecuador es considerada como una “ley de linchamiento mediático” pues consagra la intervención del Estado sobre los contenidos de los medios a pretexto de que la comunicación ya no es un derecho fundamental, sino un servicio púbico. Con este argumento se ha legalizado una serie de mecanismos de control como la figura de los “defensores” del público, una especie de funcionarios gubernamentales “censores”, instalados en las redacciones de los medios de comunicación.
El Gobierno ecuatoriano por otra parte, ha confiscado 25 medios de comunicación, entre ellos los mayores canales de televisión, solo queda un canal independiente, según datos de Fundamedios.
Ecuador invierte “ingentes cantidades de dinero en producir publicidad (del Gobierno) y ya no se paga por esa publicidad, sino se ordena pasar cadenas oficiales”. Fundamedios cuenta ya más de 1.575 cadenas obligatorias de medios en los últimos tres años. Con esta estrategia el Gobierno crea un aparato de propaganda muy intenso. Por ello, Ricaurte advierte que con semejante control de la prensa, no es raro que según los medios haya desparecido la corrupción. “Ya no aparece la investigación o la fiscalización”.
La construcción de un modelo contra la libertad de expresión en el que el Estado es dueño de la verdad, toma distintos matices en la región. En Argentina se procedió a la compra de medios, Venezuela también vive un escenario de presión política constante. En Bolivia se recurre a la desacreditación. El presidente Evo Morales en una entrevista con el diario El Deber dejó entender que un 80% de la prensa está de su lado.
“En todos los casos hay un objetivo del control del Estado de la verdad, que no se conozca ninguna otra versión que no sea suya”, enfatiza Ricaurte.
En este punto, la impunidad de los hechos de violencia contra los periodistas es parte del modelo, “no es una anomalía del modelo, el modelo necesita impunidad”, cierra.


EXPERIENCIAS COMUNES
Si bien la agresión a periodistas tiene matices distintos desde México a la Argentina, también hay comportamientos comunes como el hecho de que los asesinatos y agresiones a periodistas se dan en atmósferas donde el Estado no ha elaborado leyes para garantizar la libertad de expresión y sancionar a los responsables o simplemente no las ejecuta, agrega Luis Alarcón, director de IPSYS de Perú.
A esto se suma una sociedad civil no está concientizada sobre el riesgo que significa que la prensa sea acallada y también la prensa juega un papel reprochable: no se solidariza con los agredidos. Todo ello muestra una circunstancia preocupante en la que un pilar de la democracia no está funcionando, completa Alarcón.
Una aproximación de los agresores a la prensa en el continente podría ser el que plantea Andres D’Alessandro, director del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Se dividen en tres.
Los agresores institucionales referidos a los gobiernos que arremeten contra la prensa, casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela o instituciones como la Policía y el Ejército. Los parainstitucionales que podrían ser representados por organizaciones como la guerrilla o el narcotráfico, sobre todo en México y Colombia.
Y los agresores sociales es decir aquellos colectivos que atacan a la prensa al calor de su organización, sindicato u otro tipo de agrupación. Ejemplos se ven en Bolivia, Ecuador y otros.
La imposición de normas, el amedrentamiento, el uso de recursos estatales para presionar, la estigmatización de los periodistas y de la prensa, todo ello lleva a una creciente tendencia de la autocensura, resume el director de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Juan León.
Las asistentes a la presentación del informe sobre impunidad desarrollado entre jueves y viernes pasados en La Paz recordaron que esta realidad no es ajena al país y citaron casos como las agresiones que sufre el diario El Deber por parte de la Alcaldía cruceña; o la presión asfixiante desatada contra el diario Página Siete que terminó con la renuncia de su director; el condicionamiento de la publicidad como en el caso de la Gobernación de Tarija, la presión y desacreditación de periodistas y redes mediante las redes sociales y la compra de medios o la demanda contra tres medios por la declaración de Evo Morales sobre la flojera y el oriente. La muerte del radialista Carlos Quispe por una turba en Pucarani y el intento de asesinato del locutor Fernando Vidal en Tarija, constituyen los casos emblemáticos de agresiones que continúan en la impunidad en Bolivia, según el estudio de IFEX-ALC. Sin embargo, también fueron comentadas las constantes agresiones verbales del presidente Evo Morales a la prensa, la confiscación de una edición y el amedrentamiento a los responsables del diario Sol de Pando, entre otros ocurridos en los últimos años.
“La prensa debe lograr mandar el mensaje de que una agresión a un periodista es agresión a su derecho a estar informado, debe empezar a dar información más útil a la sociedad, que le sirva en su día a día, que conozca y ejercite sus derechos y participe en las decisiones. Para que vea que la prensa es un medio para que la sociedad tenga voz y para que reciba información que de otra forma no llegaría”, sugiere el periodista Ivan Báez de Capítulo 19 de México.
El informe “Rastros y Rostros de la Libertad de Expresión de América Latina y Caribe 2013”, resume las experiencias de agresiones en 11 países. Está disponible en internet.


LLAMADO A LA ACCIÓN
“Vivimos en una región compleja, que sigue experimentando agresiones contra la prensa sin que las autoridades ofrezcan sistemas judiciales sólidos capaces de asignar sanciones ejemplares a los victimarios. Un año después de la publicación del informe de impunidad 2012, constatar que no existen avances judiciales significativos en general, y que varios de los casos emblemáticos siguen sin resolverse, nos muestra un panorama desolador”, versa el estudio presentado en La Paz-Bolivia, a propósito del Día Mundial contra la Impunidad que se celebra cada 23 de noviembre.

Agresiones

Entre enero y septiembre de 2013, en Bolivia se registraron 18 casos de agresiones físicas, verbales y amenazas contra periodistas y medios de comunicación. La amenaza de “descolonizar” a los medios anunciada por el presidente Evo Morales, define política orientada a restringir las libertades de opinión, de expresión y de prensa.