SAHONERO OBJETÓ LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA

Exigen sanciones por la borrachera en la Asamblea

El asambleísta de la oposición, Marco Sahonero, objetó la tarde de ayer en la Fiscalía de Distrito el sobreseimiento a Javier Humana y la resolución de rechazo a la denuncia en contra de los asambleístas supuestamente implicados en la borrachera del 20 de diciembre de 2012 en la Asamblea Legislativa Departamental, cuyo “aniversario” está próximo.
Sahonero, que fue el último asambleísta en ser notificado con la decisión fiscal, según dijo, pidió “coherencia” al Ministerio Público y “castigo” por hechos bochornosos del 20 de diciembre de 2012.
“La fundamentación que ha planteado el Ministerio Público no es nada coherente (…) Si analizamos el expediente, ahí dice claramente, según las declaraciones (de los entrevistados), que sí ha habido estos actos (…) Además, existe jurisprudencia, por el hecho de que ha sido (condenado) con sentencia ejecutoriada, Domingo Alcibia, y no puede ser que otros colegas estén gozando de esta impunidad”, protestó Sahonero.
En los primeros días de noviembre de este año, se conoció que la Fiscalía había sobreseído a Humana y rechazado la denuncia contra otros asambleístas por los hechos del 20 de diciembre de 2012.
“Aquí ha habido un daño a la imagen institucional de la Asamblea, pero también uso indebido de bienes”, concluyó Sahonero, basándose en las carpetas de investigación.
Sahonero hizo énfasis además en lo que establece la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz respecto a los delitos que supuestamente se cometieron en la Asamblea. El artículo 26 de la norma señala: “La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de tres a ocho años y reparación del daño causado”.