EDITORIAL

¿Conciliación o juicio?

Es de esperar que en este, como en otros asuntos, no se impongan las posiciones prepotentes que sólo profundizan los enconos y los malentendidos

La huelga de funcionarios de la aduana chilena ha provocado graves problemas al país por la dependencia que tenemos de Chile para nuestras importaciones como exportaciones, violentando la letra y el espíritu del Tratado de 1904, por el que Chile, al arrebatarnos una salida libre y soberana al océano Pacífico, debe garantizar el normal funcionamiento de sus instituciones para facilitar el buen flujo de productos y pasajeros entre ambos países.
En reacción a esa anormalidad, el Gobierno ha anunciado que adoptará algunas iniciativas para, por un lado, exigir al Gobierno chileno que tome los recaudos necesarios para evitar que vuelvan a producirse acciones como la que se comenta y, por el otro, exigir el resarcimiento de los daños provocados por la huelga de los funcionarios aduaneros.
Esta actitud ha sido –como debe ser– apoyada por la ciudadanía a través de sus distintos instrumentos de expresión, y sólo queda conocer la acción concreta que realizará el Gobierno con este fin.
En el compás de espera que se ha dado –seguramente para preparar un buen documento de respaldo–, algunas autoridades han adelantado innecesarios comentarios que indican cierta tendencia a buscar espacios de confrontación antes de ir por una conciliación de criterios. Felizmente esas opiniones no han salido del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino de ámbitos donde siempre predominan, interna y externamente, posiciones de confrontación radical, sin consideraciones racionales de ninguna naturaleza, posición que no hace más que perjudicar una acción acorde a los tiempos en que vivimos. Más bien, predomina la vieja escuela del “policía bueno y el policía malo”, creyendo que con este método se conseguirá mejores resultados, cuando la realidad muestra que ir por ese camino es un error.
Ante esa situación, es de esperar que en la Cancillería se imponga la racionalidad y no los sentimientos ni la ideología facilona, y se estudien los mecanismos que, por un lado, mejor puede utilizar el Gobierno boliviano y, por el otro, conducir a que se obtengan las satisfacciones que correspondan, en un marco de respeto y muestra de una clara voluntad de encontrar soluciones mediante la conciliación de intereses.
Por la contraparte, es de esperar que las autoridades chilenas asuman responsablemente los costos de una situación como la que se ha presentado en la zona fronteriza con Bolivia y se despojen de posiciones prepotentes que sólo profundizarían los enconos y los malentendidos.
También este problema –que, en todo caso, es ajeno a la voluntad individual de las autoridades– puede ser muy útil para, por el lado chileno, comprender las grandes limitaciones del Tratado de 1904 y por qué es totalmente limitativo en lo que a los intereses bolivianos se refiere y, por el lado boliviano, a comprender que situaciones como las que motiva la demanda de resarcimiento no sólo son externas sino también y mucho más recurrentes históricamente internas. Es decir, de una u otra manera debemos arribar a acuerdos internos e internacionales que permitan impedir que intereses sectoriales –legítimos o no– afecten al bien mayor.