EDITORIAL

Un sistema educativo libre de evaluaciones

Mientras nuestro sistema educativo no sea evaluado según parámetros internacionales, no habrá modo de saber si estamos bien o mal encaminados

La publicación, hace un par de días, de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) correspondientes a 2012, ha causado mucho malestar en los círculos gubernamentales, académicos y en la ciudadanía en general en gran parte de los países latinoamericanos, con muy pocas excepciones, pues según ese informe esta parte del mundo es la que peor encaminada está cuando de la formación de las nuevas generaciones se trata.
Nuestro país es uno de los excepcionales casos en los que los datos fueron recibidos con indiferencia. Y no porque el estado de la enseñanza sea menos malo que en los demás países de la región, ni mucho menos, sino porque las autoridades del área educativa, muy cautamente, se niegan a permitir que los estudiantes bolivianos sean sometidos a ésta o a cualquier otra prueba similar.
El malestar generalizado al que nos referimos tiene una sola explicación. Es que desde que en el año 2000 se adoptó el programa PISA para evaluar la calidad de la educación de los jóvenes de 15 años, todos los países latinoamericanos comparten año tras año la misma frustración. No sólo que no logran cerrar la brecha que los separa de otras regiones del planeta, como el sudeste asiático, sino que las distancias se hacen cada vez más grandes.
Sin embargo, y a pesar de que en líneas generales la sensación de fracaso es compartida, hay enormes diferencias en la manera cómo cada país afronta el desafío. La principal diferencia consiste en que mientras unos países afrontan valientemente la dura realidad y sin temer pasar vergüenzas la asumen como un reto que puede y debe ser encarado, hay otros que optan por el cómodo camino de eludirla.
Un buen ejemplo de la primera opción es nuestro vecino Perú, el país peor ubicado en la escala de calificaciones. Ocupa el lugar 65 de los 65 evaluados, lo que desde cierto punto de vista podría ser motivo de gran decepción. Sin embargo, y como si el sólo hecho de que haya tenido el valor de someterse a la prueba no fuera una buena señal, tiene a su favor el dato según el que es uno de los países que da señales de mejoría.
En el otro extremo del escenario están los países que se niegan a formar parte de la evaluación, recurriendo para ello a los más diversos argumentos. Entre ellos se destaca Bolivia, pues nuestras autoridades educativas han decidido excusarse de participar del programa PISA y de otros similares, como Serce y Timss, especialmente concebidos para evaluar los aprendizajes fundamentales de los estudiantes, con el argumento de que tales pruebas estarían inspiradas en el modelo “neoliberal”.
Lamentablemente, dados los antecedentes del tema, hay motivos para sospechar que el verdadero motivo de quienes tienen en sus manos la educación en Bolivia para eludir cualquier evaluación es la suposición de que los resultados serían peores de lo que quisiéramos tener que reconocer. Y peor aún, hay también motivos para temer que las sucesivas reformas educativas, como la que ahora se pretende aplicar mediante la Ley Avelino Siñani, no ayudan a mejorar la situación, sino que no hacen más que empeorarla. Si ese temor fuera infundado, bastaría aceptar algún método de evaluación con parámetros internacionales para comprobarlo.