EDITORIAL

Los transportistas y la ciudadanía

Precisamente por la importancia que éste tiene, es que cualquier decisión que el gremio adopta afecta al conjunto de la sociedad

Pocos deben ser los gremios que son más rechazados que los del transporte. No se trata, de ninguna manera, de una antipatía emergente de problemas circunstanciales, particularmente cuando de definir tarifas se trata, como está ocurriendo en este momento en Cochabamba, sino de una actitud irrespetuosa que ostenta buena parte de quienes se dedican a este oficio.
Precisamente por la importancia que éste tiene, es que cualquier decisión que el gremio adopta afecta al conjunto de la sociedad, particularmente a los más pobres. Si realiza un paro, todas las actividades se ven perjudicadas. Si se añade el bloqueo de calles, la situación empeora. Si aumentan tarifas, este incremento provocará un aumento general de precios. Desde otra óptica, en este gremio se encuentran los principales transgresores de las normas de circulación, provocando en forma permanente accidentes que provocan muerte y dolor. Además, en el país muchos dirigentes de estos gremios han sido funcionales al gobierno de turno.
Sin embargo, está claro que se cumple una labor esforzada. El trabajo de conducir durante horas movilidades para atender pasajeros dentro de las ciudades o uniendo provincias, departamentos y naciones es desgastante, más aún cuando son muy laxas las normas que regulan esta actividad. Normalmente, los conductores están al mando del vehículo por más de diez horas continuas, situación que aumenta considerablemente las posibilidades de accidentes.
Obviamente que son peligrosas las generalizaciones, pero lo cierto es que en este caso prevalecen y en la sociedad prima una percepción negativa de los transportistas.
De ahí que cuando este sector pide incremento de tarifas sobre la base de similares parámetros a los que son utilizados para establecer el anual incremento salarial para los trabajadores, la ciudadanía cierra filas en contra. Un ejemplo es Cochabamba y, de alguna manera, La Paz. Ahora mismo, que los gremios del transporte explican en ambas ciudades que también ellos deben cumplir el pago del doble aguinaldo para lo cual requieren aumentar tarifas, la gente se opone al punto que las propias autoridades optan por el fácil recurso de “defender la economía popular”, que si bien no soluciona nada, sí puede dar réditos políticos.
Agrava esa situación que los dirigentes de los transportistas son incapaces de promover un amplio debate con los diferentes actores de la sociedad. Más bien, intentan hacer prevalecer sus demandas mediante expresiones de fuerza.
Por todo eso, es preciso abrir un diálogo sincero entre autoridades, transportistas y representantes legítimos de organizaciones territoriales, no sólo en el caso de las tarifas, sino en todo lo que hace al reordenamiento del tránsito vehicular, ante el cual se han mostrado reticentes en varias ciudades, Sucre entre ellas.
Acercarse a la ciudadanía debiera ser un reto permanente para este gremio.