APERTURA. Vista de la refinería de Minatitlán, perteneciente a la empresa estatal Petróleos Mexicanos en el estado de Veracruz.

REFORMA HISTÓRICA EN EL SECTOR ENERGÉTICO

México: El sector privado podrá ingresar al negocio

La Ley fue aprobada en medio de una fuerte polémica política

México/EFE

El Parlamento de México aprobó ayer una reforma constitucional que permitirá la participación de empresas privadas en la explotación del petróleo y fija un nuevo marco legal para un sector que tuvo pocos cambios en siete décadas.
La iniciativa, la más importante impulsada hasta ahora por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue aprobada el miércoles por el Senado y ayer por la Cámara de Diputados, en medio de una fuerte polarización política y después de muchas horas de debates.
En la votación final, los diputados aprobaron la propuesta por 353 votos a favor y 134 en contra y, con ese resultado, rechazaron las impugnaciones presentadas por un centenar de legisladores de la izquierda contra los artículos de la propuesta.
"Aprobada la reforma constitucional en materia energética", gritó el presidente de la Cámara baja, Ricardo Anaya, al cerrar unos debates que se prolongaron por 20 horas y en los que hubo numerosos insultos y algunos golpes entre los legisladores.
El texto aprobado, el mismo que salió del Senado el miércoles después de un debate de 19 horas, representa una radical reforma del sector, que se rige por un marco legal que deriva de la expropiación petrolera de 1938.
El proceso legal, sin embargo, no está terminado, porque para que entre en vigor la reforma tendrá que ser ratificada antes por al menos 17 de los poderes legislativos de los 32 estados, aunque no se prevé que en ese trámite el proyecto encuentre tropiezos.
Además, faltan por definir aún numerosos aspectos legales que regulen el funcionamiento de esta reforma, y pasarán varios meses antes de que todo el marco jurídico quede completado.
La reforma fue aprobada en medio de una fuerte polarización política del país y una intensa campaña de la izquierda para exigir que los recursos energéticos sigan en poder del Estado.
La izquierda depositó ahora sus esperanzas en que la reforma sea revocada en un plebiscito que pidió se convoque coincidiendo con las elecciones legislativas de 2015, una propuesta hecha con el respaldo de 1,7 millones de firmas de ciudadanos.