EDITORIAL

Mensajeros de la violencia

Es de esperar que la mesura retorne a Colombia y que funcionarios secundarios adversos a las negociaciones no saboteen el proceso de paz

Colombia atraviesa un momento muy difícil pues se está poniendo en riesgo la iniciativa de su Presidente –ampliamente aprobada interna e internacionalmente– de impulsar las más serias conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua del continente.
Éstas han sido, desde su inicio, objeto de una insensata como radical crítica del ex mandatario Álvaro Uribe, quien promueve una acción de rechazo. No hay que olvidar que durante las dos gestiones de ese mandatario (la segunda, luego de un proceso de reforma constitucional irregular y corrupto, como se ha demostrado en el ámbito judicial) se aplicó una política de extrema dureza, logrando detener la expansión de la guerrilla y mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, se va conociendo que el costo ha sido demasiado alto tanto en vidas humanas, violación de derechos humanos, como por un descarado aprovechamiento de grupos de poder cercanos a ese mandatario para apropiarse de tierras abandonadas por campesinos precisamente por la violencia.
Con esos antecedentes, la prédica violentista de este ex mandatario no ha logrado, felizmente, impactar a la gente que, como ha demostrado de muchas maneras, quiere y exige terminar con el estado de violencia en el que vive esa nación. Además, que varios gobiernos, incluyendo el estadounidense, apoyen el proceso de paz ha significado un aliciente que el mandatario colombiano parece que no desechará.
En ese contexto, una decisión del Procurador General de ese país sentenciando al alcalde de Bogotá por una supuesta negligencia en el manejo de la capital colombiana, lo inhabilita por 15 daños para actuar en el ámbito público. Si se hubiera seguido un debido proceso en el que demostrara la acusación la sentencia podría ser aceptada. Pero, sin esos requisitos y considerando que esa autoridad expresa a lo más conservador de Colombia y mantiene una estrecha relación con Uribe, la sentencia deja muchas dudas, y una de ellas es que de lo que se trata es de infligir un castigo a una autoridad de izquierda y, como ha sucedido, afectar las conversaciones de paz.
En efecto, los dirigentes de las FARC han indicado que la sentencia pone en duda la seriedad del Estado colombiano porque muestra que los compromisos que se adopten en el campo de esas negociaciones pueden ser ignorados por funcionarios secundarios que más responden a convicciones ideológicas que legales.
La desmesura de la sentencia, además, ha provocado el rechazo de Naciones Unidas y de varios países, entre ellos Estados Unidos (que, por lo demás, tiene en la mira al ex presidente Uribe por presuntas relaciones con grupos paramilitares de derecha vinculados con el narcotráfico), que sienten como propia la necesidad que Colombia recupere e la paz.
En este contexto, es de esperar que la mesura retorne a Colombia y que una sentencia tan descabellada como la que se comenta no signifique que ese país reingrese en una espiral de violencia, como al parecer desean los mercaderes de la muerte.