FISCALÍA. Revelan daño económico de más de medio millón de bolivianos.
FISCALÍA. Revelan daño económico de más de medio millón de bolivianos.

SE DISTRIBUYERON BS 600 MIL COMO BONO DE CAPACITACIÓN

Contraloría revela daño económico en Fiscalía

Contraloría revela daño económico en Fiscalía

El dictamen corresponde a las gestiones 2006 y 2007 de la Fiscalía General

CORREO DEL SUR y EFE

Un centenar de fiscales y funcionarios del Ministerio Público en las gestiones 2006 y 2007 se distribuyeron ilegalmente más de Bs 600 mil del presupuesto de capacitación, bajo el denominativo de “bono de capacitación”, provocando un daño económico al Estado, según lo estableció un dictamen de la Contraloría General del Estado que ahora exige la devolución de esos recursos.
El gerente departamental de la Contraloría General en Chuquisaca, Amilcar Ayala, reveló que el informe sobre la legalidad de la ejecución de ingresos y gastos de las gestiones 2006 y 2007 en el Ministerio Público, cuando el abogado Mario Uribe ejercía como Fiscal General, estableció un daño económico de más de medio millón de bolivianos por el pago indebido de un “bono de capacitación” a varios fiscales y funcionarios.
“A partir de la siguiente semana vamos a empezar a notificar a los involucrados a efectos de que empiece a correr los 20 días hábiles que tienen para restituir estos fondos porque de lo contrario corresponde el inicio de un proceso coactivo fiscal contra ellos”, afirmó Ayala.
La partida del presupuesto evidentemente estaba destinada a la capacitación de los funcionarios de la Fiscalía General, pero en vez de invertir el dinero en ese rubro, lo que hicieron las autoridades de ese entonces fue distribuir esos recursos entre los fiscales y funcionarios con la denominación de bono de capacitación, fuera del marco de la ley, señaló el Contralor en Chuquisaca.
Establecida la responsabilidad civil, Ayala señaló que es el Fiscal General quien debe iniciar los procesos coactivos fiscales contra los involucrados para recuperar esos recursos.
En criterio del Contralor, si no aparecen los que se beneficiaron con estos recursos, bajo el principio de responsabilidad solidaria, tendrían que asumir la responsabilidad quienes autorizaron el pago en efectivo de estos recursos a los funcionarios contraviniendo la ley.
“Dentro del concepto de solidaridad, si no paga el involucrado quien paga es el que autorizó que se le desembolse”, enfatizó Ayala.

Otro caso

El Estado podrá recuperar más de $us 3,9 millones que fueron malversados en la compra hace más de 20 años de cinco aviones para la empresa de transporte aéreo de carga de las Fuerzas Armadas, informó ayer una fuente oficial.