ESCENARIO GLOBAL

Cataluña busca su destino

Alberto Zelada Castedo.- La consulta popular o referéndum sobre el futuro de Cataluña ya tiene fecha y preguntas. Así se ha resuelto por un grupo de partidos políticos que, en conjunto, suman 88 diputados en el parlamento catalán, o sea, el 64,2 por ciento de los integrantes de éste. Entre las más importantes fuerzas de este grupo figuran Convergencia i Unión (CiU) de Artur Mass, actual presidente del gobierno de Cataluña, y Esquerra Republicana (ER), liderada por Oriol Junqueras.
El conglomerado tiene el propósito de realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para que el referéndum se lleve a efecto el 9 de noviembre de 2014. Por otra parte, propone que se consulte a los ciudadanos catalanes su respuesta a las dos siguientes preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” Y, en caso afirmativo, “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”
El primer interrogante que provoca la fórmula propuesta es el motivo por el cual se considera necesario realizar dos preguntas y no una sola. La respuesta, según analistas, está en que aquella ha sido el resultado de una suerte de compromiso entre puntos de vista un tanto divergentes. Con claridad, un comentarista señala que, con esta fórmula, sus autores “pretenden contentar a todos los sectores partidarios de votar”.
La realización de la consulta no está exenta de dificultades. Algunas de orden político y otras de orden jurídico. Por de pronto, ni el gobierno ni el parlamento regionales tienen competencia para llamar a un referéndum sobre el estatuto territorial del Estado español. En razón de esta limitación, la primera tarea que se han propuesto quienes propician la consulta es conseguir que el parlamento regional eleve una petición a las cortes o parlamento nacional para que deleguen esta competencia a las instituciones autonómicas. Por obvias razones, este primer paso no garantiza el resultado que tendrá la deliberación en las cortes.
Otra barrera surge de los puntos de vista sustentados por los dos más importantes partidos nacionales, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ambos partidos son contrarios a la realización de la consulta en la forma planteada por los partidos políticos catalanes. El PP se opone francamente a un referéndum regional. Como bien dijo, su líder y presidente del Gobierno nacional, Mariano Rajoy, “esa consulta no se celebrará” pues es “radicalmente contraria a la Constitución y las leyes”. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su condición de secretario del PSOE, expresó no compartir la idea de que se trata del ejercicio del derecho a la autodeterminación de sólo los catalanes, pues el mismo no está regulado por la Constitución. Propuso, en cambio, llevar adelante un proceso de reforma constitucional que podría incluir la sustitución del Estado autonómico por un Estado federal.
Aparte de estas barreras políticas, el Gobierno catalán debe superar los escollos jurídicos. Al decir del diario ABC de Madrid, se ha pensado, por lo menos en principio, en “cinco” posibles vías para superar estas dificultades. Sin embargo, de todas ellas dos parecen ser las que cuentan con mayor aceptación en el seno del gobierno regional y de las fuerzas que lo apoyan: la primera, pedir a las cortes de Madrid el “traspaso” a las instituciones del gobierno regional de la competencia para convocar referendos y, la segunda en caso de no ser aceptado este pedido, la adopción por el parlamento catalán de una ley sobre consultas populares. Aseveran algunos especialistas que esta ley estaría sometida al examen del Tribunal Constitucional antes de ser puesta en aplicación.
En cuanto a lo que piensan los catalanes, los sondeos de organizaciones como el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), el Centro de Estudios de Opinión (CEO) y Metroscopia arrojan resultados un tanto diversos. Al decir del diario El País, en lo “único en lo que parece haber acuerdo es en que la mayoría quiere que se celebre la consulta”. Más de un 55 por ciento de los encuestados favorece la realización del referéndum.
En síntesis, el anuncio de una posible fecha para la consulta sobre la suerte de Cataluña y del contenido de las preguntas que se sometería a los ciudadanos catalanes, no ha despejado las incertidumbres que subsisten en torno a esta difícil cuestión. Sólo ha conseguido reafirmar el innegable sentimiento de insatisfacción de una gran mayoría de los catalanes con las condiciones o los términos del “encaje” de Cataluña en el reino de España. Esta insatisfacción, que tiene diversas y profundas raíces históricas, es la verdadera cuestión que subyace a esta especie de renacer del nacionalismo o del independentismo de los catalanes.