EDITORIAL

Preservar la vida

No se puede aceptar que enmascarados en una retórica democrática y presuntamente justiciera traten de imponer visiones personales

A propósito de la modificación en la Cámara de Diputados del artículo quinto del proyecto de Código del Niño, Niña y Adolescente, se ha desatado una profusa y agria campaña entre quienes están a favor de la despenalización absoluta del aborto y quienes, más bien, están en contra de toda forma de aborto. Además, diversos sectores, incluidos niños y adolescentes, han exigido ser escuchados, antes de que la norma sea sancionada.
Por su elevado nivel de conflictividad conviene detenerse en el mencionado artículo que estipula que son sujetos de derechos del Código las personas desde su concepción hasta los 18 años, modificando la norma original que establecía el goce de estos derechos desde su nacimiento. La redacción original provocó el rechazo de la Iglesia Católica, otras iglesias y varios sectores ciudadanos, con el argumento de que se estaría dando un paso hacia la despenalización del aborto.
Por su parte, los grupos que buscan la despenalización del aborto aseguraron, primero, que no había tal cosa, pero cuando la Cámara de Diputados reformuló el artículo conforme al pedido de la Iglesia, mostraron que el objetivo sí era ése y utilizaron argumentos con información parcial en defensa de su posición, omitiendo (aparentemente en forma premeditada) que en el Código Penal el aborto está permitido en dos casos: que el embarazo sea consecuencia de delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y evitar un peligro para la vida o la salud de la madre (Art. 266).
Se trata, sin duda, de un difícil debate porque en él se entremezclan razones y sentimientos, creencias (que son siempre subjetivas) y posiciones presuntamente científicas que respaldan las dos posiciones, con el aditamento de la pasión. Se llega a tales extremos que entre las mutuas descalificaciones se olvida, finalmente, el problema mayor: la cantidad de mujeres que, embarazadas por una relación sexual consentida, recurren al aborto en condiciones ilegales poniendo en peligro su vida.
Con esos antecedentes, lo aconsejable sería que quienes están detrás de estas corrientes en vez de gastar fuerzas insultándose mutuamente o tratando de distraer la atención ciudadana, busquen, antes que la imposición de proyectos particulares, que prevalezca el bien mayor, que es preservar la vida en las mejores condiciones posible y que, más allá de posturas maniqueas, se ratifique que los seres humanos gozan, desde su concepción, de derechos inalienables.
Es decir, se debe aunar esfuerzos para ampliar masivamente una buena educación sexual, especial, pero no únicamente en la niñez y la adolescencia; establecer mecanismos de información y protección de mujeres violadas y maltratadas; seguimiento riguroso del cumplimiento de la ley por parte de fiscales y jueces, y sin ofender por creencias o no creencias, asumir el desafío ciudadano de encontrar soluciones participativas.
Lo que no se puede aceptar es que enmascarados en una retórica democrática y presuntamente justiciera traten de imponer visiones personales manipulando los sentimientos de la gente y emitiendo información dudosa o directamente mentirosa.