EDITORIAL
El Gobierno y las ONG
El Gobierno y las ONG
Si no hay reacción vigorosa en contra de estas medidas, es posible que éstas aumenten para que el escenario electoral esté libre de críticas
Desde el Ministerio de la Presidencia nuevamente se ha arremetido en contra de varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG) acusándolas de intervenir en política interna. Por ello, se ha expulsado a la ONG internacional IBIS, de origen danés, acusándola de financiar a las movilizaciones de los sectores campesino-originarios de tierras bajas, y a dirigentes indígenas que son disidentes del grupo de organizaciones sociales que, reunidas bajo el denominativo de "Pacto de Unidad", apoyaron en un principio al actual esquema de gobierno.
Por las corrientes internas dentro del MAS y el Gobierno, fundamentalmente sobre temas de respeto a las políticas medioambientales, en el Pacto quedan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), bastante dividida por lo demás, y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Dos organizaciones fundamentales y constitutivas de este Pacto eran la Confederación Indígena del Oriente (Cidob) y la Confederación de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) que, poco a poco se fueron alejando a la medida que se imponía el predominio de las corrientes "desarrollistas" por sobre las "pachamamistas". Ante este abandono, el Gobierno ha forzado la división de ambas organizaciones para poder afirmar que en el resquebrajado Pacto aún están representados los indígenas de tierras altas y bajas.
Junto a esta arremetida, el Ministro de la Presidencia también ha atacado, sin prueba alguna, a algunos de los dirigentes de esas agrupaciones, agresión que, dados muchos antecedentes, puede convertirse en el anuncio de un acoso judicial y policial que impida que esas personas puedan desarrollar sus actividades legales. Desde otro espacio del oficialismo se ha acusado a toda expresión indígeno-campesina disidente u opositora al régimen de ser de "derecha" o de ser parte de algunos intentos de recrear la "media luna", acusación que puede ser traducida por algunos fiscales o jueces como un delito de secesión y obrar en consecuencia.
Desde la sociedad, diversas agrupaciones de ONG, así como organizaciones de esta naturaleza que, primero, dieron un apoyo abierto al MAS en su campaña por llegar al poder y, luego, brindaron al Gobierno de ese partido a varios de sus más importantes cuadros administrativos, hoy denuncian, también, el acoso sistemático del Gobierno hacia sus labores, motivado porque ellas, fieles a su misión institucional develan una realidad de engaño, corrupción y desilusión que las autoridades no pueden tolerar.
¿Cómo explicar estos fenómenos? A manera de hipótesis, una explicación sería que las autoridades sienten que su debilitamiento es sostenido y en vistas a los comicios de 2014, deben extremar recursos para silenciar todo disenso. Es decir, no tendrían tanto temor a la oposición como a la actuación de personalidades e instituciones (sindicales, culturales, académicas, etc.) que habiendo sido parte de su ascenso al Gobierno hoy sean sus principales críticos. De ahí la radicalidad del ataque y haber seleccionado al ministro de la Presidencia para el efecto.
En todo caso, si no hay reacción en contra de estas medidas arbitrarias, es posible que éstas aumenten y estén dirigidas a crear un escenario electoral que garantice un "victorioso" resultado electoral.
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