EDITORIAL

Internet, entre la libertad y la censura

Es absurdo que países como China, Rusia, las monarquías islámicas o los populismos latinoamericanos aparezcan como defensores de la libertad

Hace algo más de una semana, la Organización de Naciones Unidas resolvió aprobar, con una votación unánime de los representantes de los 193 países miembros, un proyecto que fue presentado por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, contra la violación de la privacidad en Internet, elaborado en respuesta al espionaje de la agencia norteamericana NSA, revelado por el ex agente Edward Snowden.
El gobierno de Brasil celebró la aprobación como si de un triunfo propio se tratara. Apareció como el principal exponente de principios básicos como el derecho a la libertad y la libertad de expresión, mientras los representantes de muchos gobiernos que en su fuero interno discrepaban con aspectos centrales de la resolución optaron por el silencio, guardando sus reticencias para una mejor oportunidad.
Mucho facilitó la labor de quienes impulsaron la resolución lo frescas que están en la memoria las escandalosas revelaciones hechas por Edward Snowden sobre los excesos que cometen las agencias de seguridad en nombre de la seguridad interna de sus respectivos Estados.
Es evidente, sin embargo, que, como suele ocurrir con excesiva frecuencia con los actos de la ONU, la declaración oficial contiene mucha más hojarasca retórica que medidas capaces de producir algún efecto práctico. Es que a la hora de hacer declaraciones de buenas intenciones no hay quién se niegue a alzar la voz, pero cuando llega el momento de pasar de los dichos a los hechos la actitud cambia radicalmente.
Un ejemplo de lo dicho es el contraste entre la fogosidad con que el gobierno brasileño enarboló las banderas contra el ciberespionaje y la falta de alguna reacción que avale la preocupación del gobierno brasileño por defender el derecho a la privacidad cuando fueron sus propios organismos de inteligencia los acusados de haber incurrido en prácticas muy similares a las que tanto escandalizaron.
El de la hipocresía subyacente en la declaración de la ONU y los aspavientos en nombre de la privacidad que hicieron sus 193 miembros, sin embargo, no es el principal argumento de quienes ponen en duda la conveniencia de dar a los gobiernos del mundo, así sea a través de organismos internacionales, más poder para regular Internet. Lo que más cuestionan es que nada menos que a nombre del derecho a la privacidad, y en una supuesta lucha contra el espionaje cibernético, se dé mayores poderes a las burocracias gubernamentales.
Paradójicamente, quienes más reclaman esos poderes son los gobernantes de países en los que las políticas de espionaje a sus ciudadanos y de censura a sus expresiones no son un abuso esporádico sino un principio fundamental de sus políticas públicas. Es absurdo, por eso, que países como China, Rusia, las monarquías islámicas o los gobiernos populistas latinoamericanos aparezcan como sus principales defensores.
Lo cierto es que se hace cada vez más evidente que las sociedades deberán estar alertas para impedir que los tentáculos censores de las burocracias estatales invadan también el espacio cibernético.