EDITORIAL

Una dura realidad

Desdiciendo reiteradas afirmaciones en sentido de que el proyecto del nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente habría sido sometido a una amplia consulta ciudadana, desde que se conoció su contenido no ha dejado de provocar intensas polémicas, como la que se presentó con relación a si los derechos que esta norma establece son reconocidos desde el nacimiento del beneficiario (cuando en el Código a ser modificado lo hacía desde el momento de la concepción), e incluso una condenable acción policial para reprimir a niños, niñas y adolescentes que quisieron hacer conocer su oposición a que se prohíba el trabajo infantil, tema incluido en la propuesta.
Ha sido la sensibilidad del Presidente del Estado la que ha permitido que los legisladores del MAS acepten reconsiderar el tema, pues se puede presumir que sin este apoyo la norma prohibicionista se habría mantenido.
Lo cierto es que una cosa es la propuesta teórica y otra la cruda realidad. Es obvio que el trabajo infantil debiera ser erradicado, de modo que todos los niños, niñas y adolescentes puedan tener las mismas oportunidades para dedicarse en forma exclusiva a las tareas correspondientes a su edad: salud, sano esparcimiento y educación, e ingresar al mercado de trabajo una vez que lleguen a la adultez.
Sin embargo, son miles los niños y adolescentes –varones y mujeres– que trabajan en diversas actividades para autosostenerse o, lo que es más común, ayudar a sus padres a sufragar los gastos que demanda la manutención familiar. En el país, además, esta situación se ha agravado por la pobreza, las transformaciones que vive actualmente la institución familiar, la migración, entre otros factores que obligan a que desde la niñez se tenga que generar recursos.
De ahí que prohibir el trabajo infantil no es racional; es más, deja un tufillo demagógico cuando no de desconocimiento de la realidad. Y si a esto se agrega la prepotencia con la que los legisladores se niegan a reconsiderar erradas resoluciones (piénsese, por ejemplo, en las diversas normas que han sido aprovechadas, sin justificación teórica y jurídica alguna, para restringir la libertad de información y opinión o, en Cochabamba, el tratamiento que se ha dado al malhadado proyecto de ley denominado “Ley Seca”), se comprende fácilmente que sólo haya sido la intervención presidencial la que ha permitido que se avengan a reconsiderar el proyecto de Código y, se puede estimar sin riesgo de equivocación, modificarla conforme la instrucción presidencial.
En este sentido, lo que corresponde es normar y regular con conocimiento de la realidad el trabajo infantil. El Estado debe garantizar –con el apoyo de la sociedad– que los niños que ingresan al mercado laboral gocen de los derechos que les permitan, además de generar los recursos que corresponde, preservar su propia dignidad y que se les brinde el apoyo en materia de educación, salud y alimentación que requieren.
Esto es lo que debe hacer el Estado y es lo mínimo que la sociedad debe exigir en el proceso complejo de construir una sociedad justa y solidaria, de la que aún estamos muy lejos.