REFORMAS. Las autoridades políticas y judiciales coinciden en que los cambios en el sistema de justicia aún no se concretan; unos esperan la aprobación de los códigos y otros piden cambio de conducta.
REFORMAS. Las autoridades políticas y judiciales coinciden en que los cambios en el sistema de justicia aún no se concretan; unos esperan la aprobación de los códigos y otros piden cambio de conducta.

OPINIÓN DE UN MAGISTRADO, UN ABOGADO Y DOS DIPUTADOS

Piden mayor presupuesto para zanjar crisis judicial

Piden mayor presupuesto para zanjar crisis judicial

Sugieren que debe haber más jueces y fiscales para comenzar con la reforma judicial

Erbol

El presidente del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi; el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez y los diputados Juan Carlos Sejas (MAS) y Jaime Navarro (UN) coincidieron en que la administración de justicia sufre una grave crisis y propusieron, por separado, nominar más jueces, fiscales, subir el presupuesto y comenzar la reforma desde abajo para resolver este grave problema.
“La justicia no es que ha fracasado, sino que ha colapsado la administración de justicia, sobre todo aquel aspecto de garantizar pues la seguridad jurídica al mundo litigante (…) Al haber crecido demográficamente la población jurídica del país, no ha crecido el número de juzgados, como consecuencia creo que es una política de Estado el que tiene que encarar este problema; primero infraestructural y segundo aumentar el número de juzgados”, afirmó Huarachi.
Indicó que se necesita entre 800 a 1.000 fiscales para alcanzar a cubrir todas las necesidades judiciales que existen en el país. A criterio de Jiménez muchos magistrados no están bien formados y que por el voto político llegaron a distintas instancias del Órgano Judicial.
“Estando en crisis el Órgano Judicial, Poder Judicial que se llamaba antes, se agudizó la crisis. Se designaron a muchachos que tienen pues que correr 20, 30 años de estudio y se designaron con un voto minoritario. El pueblo ha dicho 30% ó 40% no, pero el caso es que se los ha elegido y se los ha posesionado. Ellos tenían un reto, un reto es responder a ese reto a su pueblo, no al gobierno”, aseveró.
Casi todos los entrevistados coincidieron en señalar, por separado, que la influencia del poder político, otras presiones sobre los jueces, corrupción, retardación de Justicia y falta de acceso a la justicia en el área rural, son las causas para la inoperancia de la justicia en la nación. Según el magistrado del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, la corrupción se mantiene en la justicia, por lo que a su criterio se necesita un cambio en un 85% de los jueces e incrementar el apoyo económico.
“Necesitamos un cambio de un 85% de los jueces actualmente existentes en materia ordinaria (…) (Estaríamos) plenamente de acuerdo (en que se nombren más jueces), por ejemplo, tenemos con la ayuda externa, en un número de 58, que a partir de la gestión venidera entrarán en vigencia como jueces conciliadores”, afirmó.
PRESELECCIÓN
Con igual criterio se mostraron los diputados Juan Carlos Sejas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Jaime Navarro de Unidad Nacional (UN).
Sejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, dijo que dentro de lo positivo de la administración de justicia es que se democratizó la designación de autoridades judiciales, mediante el voto de la población. Rechazó que exista influencia de parte del Ejecutivo y Legislativo en el Órgano Judicial “El tema de la influencia económica es algo que lastimosamente todavía no podemos radicar, de ahí viene pues el tema de la corrupción y de algunos fallos (que se dan) (…) considero yo que más allá de cualquier presión está el compromiso que tienen que tener esos funcionarios judiciales”, recalcó.


FALTA FORMACIÓN
Por su parte, el legislador Navarro aseveró que la preselección de candidatos para el Órgano Judicial que hizo la Asamblea Legislativa fue para elegir a gente afín al MAS. “Nosotros planteamos que se buscará a gente con mayor formación, a gente con mayor capacidad, a gente con mayor experiencia, pero no nos hicieron caso y lo que se hizo fue seleccionar a los afines al gobierno y la población lo entendió, pero no el oficialismo”, puntualizó.
Para la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, la justicia sigue con retardo, hay quejas de la población y así tengan los mejores códigos y normas o un “código de oro”, si no hay un cambio de actitud y compromiso de los operadores no se logrará nada.

Autoridades

El 3 de enero de 2012 fueron posesinadas 56 nuevas autoridades electas por voto popular para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.