DEMORA. El caso de la supuesta red de extorsionadores de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia sigue sin requerimiento conclusivo.

HAY DETENIDOS PREVENTIVOS, PERO LOS HECHOS SIGUEN SIN ESCLARECIMIENTO

Demora investigación de casos de extorsión en Órgano Judicial

Sucre/CORREO DEL SUR

Las denuncias de extorsión en el sistema judicial se demoran en ser esclarecidas, el Ministerio Público abrió investigación, hay varios detenidos preventivos pero no hay requerimientos conclusivos sobre el o los responsables.
Entre los encarcelados están los ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera, que se encuentran con detención preventiva en Palmasola, y del ciudadano cruceño Pedro Pérez, detenido en La Paz, imputado por extorsionar a un juez haciéndose pasar como asesor del presidente Evo Morales. Hay otro caso de supuesta de extorsión de funcionarios del Consejo de la Magistratura en Sucre; la investigación se desarrolla en reserva en el Ministerio Público que aún no se pronuncia.
Hasta mediados de año, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno recibió más de 150 denuncias de extorsión, de ellas, 24 corresponden a la red de extorsión gubernamental donde están involucrados los abogados Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera, ex funcionarios jerárquicos de esa cartera de Estado.
Esta red que supuestamente operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia fue revelado en noviembre de 2012 tras la denuncia del norteamericano Jacob Ostreicher que involucraba a funcionarios gubernamentales, fiscales y jueces, a más de un año no hay requerimiento conclusivo.
En el Órgano Judicial también se denunciaron hechos de extorsión por la supuesta “venta de pegas” que tampoco fueron esclarecidas. Las víctimas mantienen el silencio por temor a ser amedrentadas. Se dice que hay funcionarios que aportan entre Bs 500, 1.000 y hasta 2.000 para sus “jefes” quienes cobran en algunos casos a título de aportes para las organizaciones sociales. Los magistrados prefieren no hablar del tema, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, pidió a los funcionarios víctimas de cobros presentar su denuncia.


JUECES EXTORSIONADOS
Los jueces tampoco se libraron de los actos de extorsión. Uno de los casos es el protagonizado por el ciudadano Pedro Pérez, quien supuestamente extorsionaba a los jueces y fiscales haciéndose pasar como asesor de las organizaciones sociales y del propio presidente Evo Morales para hacer modificar resoluciones judiciales.
Pérez fue imputado en octubre de 2013 y está con detención preventiva en La Paz, investigado por los delitos de extorsión, contribución y ventajas ilegítimas por haber intentado extorsionar al juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ricardo Maldonado, quien después fue destituido del cargo por faltas gravísimas.
Según la denuncia, Pérez se presentó ante el juzgador como asesor del presidente Evo Morales para exigirle que en audiencia disponga la libertad condicional de un ciudadano, presunto familiar del Presidente, imputado por sabotaje a la empresa Hidroeléctrica Boliviana. Si liberaba al detenido, el Consejo de la Magistratura dejaría sin efecto el proceso disciplinario en su contra. Después, el juez denunció que el sujeto intentó cobrarle $us 5.000 para abogar con los consejeros sobre el proceso disciplinario en su contra.
El juez Maldonado en su declaración en una audiencia cautelar en La Paz, señaló que Pérez decía que se comunicaba por teléfono con los consejeros Willma Mamani y Roger Triveño para abordar sobre el proceso en su contra. El ahora imputado, discó a teléfonos celulares, supuestamente de los consejeros, e incluso le pasó una llamada telefónica con una persona que supuestamente era el consejero Triveño.
Sin embargo, Pérez en la misma audiencia negó tales acusaciones y señaló que las declaraciones de Maldonado caen en contradicciones y admitió que asesoraba a las organizaciones sociales y que en esa función incluso participó de cumbres de la justicia.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani que es investigada por mantener supuestos nexos con Pérez, dijo que no conoce a esa persona y negó que sea miembro de la Comisión de Evaluación de esta institución. Por su parte, la consejera Willma Mamani negó haberse comunicado por teléfono con Pérez para abordar el proceso del juez Maldonado y pidió al Ministerio Público investigar si los números de teléfono a los que llamó el imputado, evidentemente corresponden a los magistrados citados.
En Sucre, el Ministerio Público investiga de manera reservada el caso sobre supuestos hechos de extorsión en la oficina de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura. Renunció una de las funcionarias que supuestamente estaba relacionada con Pedro Pérez.
Hace más de un mes la Fiscalía ordenó el allanamiento de la oficina de una unidad del Consejo de la Magistratura donde se habría encontrado varios expedientes de personas que supuestamente se presentaron para acceder a una fuente laboral.
Sobre este caso, el fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, señaló que la investigación continúa y la fiscal asignada pidió reserva en la investigación y señaló que en su momento hará conocer la resolución respectiva, si hay imputados o se rechaza la denuncia.

Apuntes

A un año de las denuncias de la red de extorsión, la Fiscalía sigue investigando.
La investigación contra el imputado por extorsión, Pedro Pérez, avanza lenta.
El ex fiscal de Santa Cruz, Isabelino Gómez, sigue en la cárcel sin sentencia.
Las denuncias de extorsión por la supuesta venta de pegas tampoco se esclarece.
El ex fiscal Marcelo Soza, denunciado por extorsión, se defiende en libertad.
El empresario Humberto Roca desde EEUU denunció otro caso de extorsión.

Varios fiscales y jueces cayeron en las redes de extorsión

DETENIDO. Ex fiscal, Isabelino Gómez.

Hay también fiscales denunciados por extorsión. Están involucrados los ex fiscales Marcelo Soza (del caso Terrorismo), Isabelino Gómez (ex fiscal de Distrito de Santa Cruz) y otros; en algunos casos la justicia tomó medidas cautelares y en otros no.
El ex fiscal Isabelino Gómez se encuentra detenido en el penal Palmasola imputado por un supuesto caso de extorsión de más de 1 millón de dólares a Crescencio Pinto Costas que también guarda detención por supuesta violación trata y tráfico de personas. Contra Gómez pesan más de 15 procesos penales y disciplinarios sin esclarecimiento. Además, este ex fiscal se encuentra involucrado en la red de extorsión denunciada por Jacob Ostreicher, y también por enviar emisarios a cobrar $us 20.000 a la familia del peruano Renato Cafferata Centeno, sentenciado a 30 años de cárcel por asesinato, para cambiar el tipo penal de asesinato a homicidio.
Marcelo Soza es otro de los ex fiscales denunciados por casos de extorsión. En su caso, la justicia no determinó ninguna medida cautelar y se defiende en libertad. Soza fue denunciado por la senadora Carmen Eva González de intentar extorsionarle con $us 100.000 y al senador Roger Pinto con $us 150.000 para supuestamente favorecerles en los procesos penales. El caso está en investigación con escaso avance porque Soza recusó a algunos jueces.