La estupidez del papeleo

Juan José Bonifaz B.- El Informe Oppenheimer del pasado 7 de noviembre, bajo el título de “El Ranking del Cumplimiento de Contratos” se refiere a un reciente estudio comparativo de 189 países del mundo, títulado “Haciendo negocios en 2014” realizado por el Banco Mundial y la Corporación Internacional de Finanzas, sobre la facilidad o dificultad de hacer valer un contrato en cada país.
Esta investigación concluye, que es más fácil cumplir un contrato entre dos empresas de China comunista y Rusia, que en Brasil, México, Colombia, Argentina o cualquier país latinoamericano, donde Bolivia ni siquiera aparece. Uno de los autores del estudio, aseguró que los sistemas arcaicos de Administración de Justicia, contribuyen a años de litigios que finalmente desaceleran el crecimiento económico. En países donde los litigios se prolongan por mucho tiempo, los inversionistas piensan dos veces antes de firmar un contrato para un nuevo negocio. Los países asiáticos –entretanto– han reformado sus sistemas judiciales caóticos y corruptos, por otros entre los que se destacan, Singapur y Corea del Sur, cuyos litigios comerciales, de manera creciente se someten al litigio electrónico, que permite a las empresas presentar demandas online; es decir que casi todos los procedimientos judiciales pueden hacerse por Internet 24 horas del día y 7 días de la semana (¿?)
Estos ejemplos de modernidad y eficiencia, nos llaman a la comparación. En este caso, a una práctica burocrática en Sucre, Capital de Bolivia. Los procedimientos administrativos municipales, especialmente en trámites de las oficinas del PRAHS y el Catastro Municipal, que a pesar de sus modernas computadoras, son arcaicos para el Siglo XXI. Ahí, no mandan autoridades, tiempos, reglamentos, ni servicio; sólo exigencias de burócratas, que solicitan documentos, reintegros y planos una y otra vez, con mayor erogación de tiempo y dinero, haciendo perder paciencia y recursos de la ciudadanía. En esas oficinas, es necesario revestirse de humor y carácter, para someterse a las exigencias de funcionarios incapaces e improvisados, hábiles en distraer a sus víctimas durante meses y años, y pasándolos de “Herodes a Pilatos”…
Con razón, fracasa el plan para legalizar las construcciones. Cuando para viviendas en el centro de la ciudad, donde se cumplieron normativas con anterioridad, hoy surgen nuevas exigencias, y son meses sino años y erogaciones duplicadas, en mucho caso mayores al impuesto predial urbano, las que imposibilitan su regularización. Esta es una tarea que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Control Social deberían investigar, y el Gobierno Municipal, establecer sistemas de control de gestión y análisis administrativo de sus sistemas y procedimientos, porque simplificar trámites es una prioridad, si se quiere seguir con éxito el saneamiento propietario.
Este, es un típico ejemplo de fomento a la informalidad. Sólo pocos pueden ingresar en un régimen formal por las razones indicadas. Con frecuencia los costos y las trabas de la operación legal son más altos, que los costos inherentes a la supervivencia en el sector extralegal. La crisis del capitalismo en los países del Tercer Mundo y en los que salen del comunismo, se debe a que la mayoría de las personas no puedan participar en un mercado ampliado, porque no tienen acceso a un sistema de derechos de propiedad legal que representen sus activos adecuada y transparentemente.
Consecuencia: las personas son atrasadas o pobres, por qué no pueden convertir sus activos en capital líquido a través del crédito bancario, por esa razón muy sencilla. Para ser útil en un mercado expandido –el capital– primero tiene que ser representado en un documento de propiedad donde luego se le podrá atribuir un status que le permita producir valor adicional. Los activos en nuestros países son poseídos de forma defectuosa: las casas construidas sobre lotes con derechos inadecuadamente definidos, las empresas e industrias no están con obligaciones claras y visibles a los financistas e inversionistas y su regularización es un problema; de donde resulta, que es preferible mantenerse fuera de la ley.