EDITORIAL

La inflación y la credibilidad del INE

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en medio de una inusual expectativa, ha publicado su informe correspondiente a la inflación del pasado mes de diciembre y la acumulada durante los 12 meses del año 2013. Según esos datos, nuestro país habría concluido el mes de diciembre con una elevación de precios de 0,08 por ciento, el nivel más bajo del año, después de noviembre, que registró la tasa negativa de 0,03 por ciento. La inflación acumulada anual habría llegado a 6,48%.
Tales datos, tal como viene ocurriendo desde hace algunos años con excesiva frecuencia cuando de los informes del INE se trata, han vuelto a ser recibidos con expresiones de duda y escepticismo. Y no han sido sólo por expertos en materia económica, sino la ciudadanía en general la que ha puesto en duda la veracidad de esos cálculos pues es generalizada la percepción de que la realidad es distinta a como la pintan los informes oficiales.
Esa tendencia a recibir con suspicacia los datos oficiales no es nueva. Se remonta, como se recordará, al año 2007, cuando el INE decidió modificar el método aplicado para calcular el Índice del Precio al Consumidor (IPC), cambiando el año base de cálculo (de 1991 a 2007) y la ponderación de los grupos de bienes y servicios usados para relevar los datos relativos a los cambios en los precios de los artículos de consumo masivo.
Quienes cuestionaron esa medida, lo hicieron arguyendo que tenía como principal objetivo ocultar la tendencia inflacionaria que vaticinaban para la economía nacional. Sostenían que al haberse disminuido el peso relativo de algunos productos muy sensibles, como los alimentos, y aumentado el de otros, como los servicios telefónicos, el Gobierno buscaba proyectar la imagen muy diferente a la realidad.
Siete años han transcurrido desde entonces y las dudas que inspiran los datos del INE no sólo que no han disminuido sino que se han acrecentado como consecuencia del pésimo manejo que esa institución hizo de todo el proceso del Censo Nacional 2012. Fue tal el descrédito, que no fueron sólo los datos censales los que dejaron de ser fidedignos, sino todos los provenientes del INE.
Como si tales motivos de duda no fueran suficientes, experiencias ajenas, como la de Argentina y Venezuela, países con cuyas políticas públicas el nuestro tiene más de una semejanza, han llevado la distorsión de los datos al extremo de poner en serio riesgo sus relaciones con organismos internacionales, como el FMI, institución que ha dado un plazo perentorio para que los datos sobre la inflación, entre muchos otros relativos a la situación económica argentina, dejen de ser manipulados según conveniencias políticas circunstanciales.
Felizmente, y a pesar de las suspicacias, en Bolivia todavía tenemos suficientes motivos para creer que las autoridades del área económica no están dispuestas a incurrir en una irresponsabilidad semejante y que son discrepancias técnicas más que un malintencionado afán de engañar lo que da lugar a las polémicas. Es de esperar que así sea, pues la credibilidad y confianza no son sólo valores éticos, sino también factores de gran importancia para la buena marcha de la economía de un país.