DENUNCIA. El Directorio del IPTK en conferencia de prensa, ayer en Sucre.

TRAS LA TOMA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES EN OCURÍ

Cabildo de Ocurí decide pedir al Gobierno expulsión de IPTK

Sucre/CORREO DEL SUR

Los temores que el Directorio del IPTK tenía respecto a una toma física de sus instalaciones en Ocurí terminaron cumpliéndose. Un cabildo instalado el pasado martes en esa población potosina decidió eso y más: la dirigencia sindical determinó apelar al Gobierno en demanda de una norma para expulsar a esta organización no gubernamental de la provincia potosina de Chayanta bajo el argumento de que ya no desarrolla ningún proyecto en beneficio de la población, que incumplió un acuerdo de transferencia y que empezó a vender sus terrenos.
El IPTK, por su parte, ayer, en Sucre, denunció una “violación flagrante” tras haberse dejado sin efecto un acuerdo tripartito de transferencia del proyecto educativo en Ocurí y ahora pretender la totalidad de sus bienes institucionales. El directorio anunció que apelará a todas las instancias legales para hacer prevalecer sus derechos ante la ocupación violenta.
En contacto telefónico con CORREO DEL SUR, la diputada Emiliana Aiza informó las determinaciones asumidas en el mencionado cabildo, que continuaba la tarde de ayer, el cual habría asumido como una “burla” el hecho de que el director del IPTK, Eduardo Barrios, no se presentara el 7 de enero a las 14:00 en Ocurí para entregar la documentación de los bienes institucionales de respaldo a la transferencia convenida y suscrita en 2013.
De acuerdo al presidente del IPTK, Franz Barrios, dicho convenio tripartito establecía la cesión del proyecto CENPRUR del IPTK al Ministerio de Educación para que continúe con su programa educativo en las mismas instalaciones, pero además se cedía también dos dormitorios, un tinglado, un comedor y una biblioteca, una inversión aproximada de medio millón de dólares. Se aclaraba también que el resto del edificio se mantendría en propiedad de la ONG para seguir trabajando en la provincia.
El 7 de enero, el Director del IPTK se presentó en la Gobernación de Potosí para dar cumplimiento al convenio tripartito y legalizarlo mediante una minuta. “Sin embargo, hemos sido sorprendidos por una actitud totalmente inesperada del gobernador (Félix González), que ha dicho que ese documento no se va a cumplir sino que es otro el que hay que firmar: que es la toma total de la institución en la provincia Chayanta”, denunció Barrios.
“La gente está en la vigilia ellos decidirán. Van a pedir al Gobierno que con una documentación saquemos (al IPTK) de la provincia Chayanta, incluso a nivel departamento de Potosí; como no hay proyectos para qué necesitamos a las ONG, porque ellos hacen negocio con nosotros”, acotó, por su parte, Aiza, quien confirmó que las instalaciones en cuestión están con candado y hay gente resguardándolas.
Aiza, sin embargo, acotó que las organizaciones sociales se enteraron que las autoridades del IPTK trasladaron todos sus bienes a Sucre, que empezaron a vender terrenos en Ravelo y Canchas Blancas, que hicieron desaparecer las motos y vehículos y que dejaron fuera de servicio la radioemisora del lugar. “La gente está enojada y ellos no se presentan ante la población. Los cuatro municipios Ravelo, Pocoata, Ocurí y Colquechaca han pedido un informe, pero el director Eduardo Barrios no quiso informar”, insistió Aiza al denunciar “corrupción y negocios personales”.
¿Qué hará el IPTK? “Hacemos una denuncia pública, hemos mandado comunicados a las autoridades nacionales, vamos a recurrir a todas las vías legales para proteger nuestro derecho y vamos a hacer todo lo que sea posible”, respondió el ejecutivo Franz Barrios al añadir que no se descarta la posibilidad de acudir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para denunciar la participación de la diputada Emiliana Aiza a quien acusó de encabezar la acción violenta.
Aiza dijo no haber participado de la toma física y precisó que ella no abandonó el cabildo, mientras se produjo la misma.
Barrios acotó que fue una intervención “muy violenta” que se trató de tomar rehenes y se agredió a la hija del portero, se puso candados y llaves y, paradójicamente, los comunarios pidieron “protección policial”. El IPTK apelará a las acciones legales, insistió.

Convenio

El IPTK quería ceder el proyecto Cenprur, en Ocurí, con más sus instalaciones y reservarse el derecho propietario del resto de los bienes; los comunarios lo quieren todo y buscan expulsar a la ONG.