EDITORIAL

Nuevas plantaciones de coca

Hace algo más de una semana, durante el acto de inauguración de las tareas de erradicación y racionalización de los cultivos excedentes de hoja de coca en el trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz, el presidente Evo Morales hizo un anuncio cuya importancia no parece haber sido suficientemente aquilatada. Se trata de la oferta de dotar de tierras fiscales, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a todos los campesinos que estén interesados en ampliar los cultivos de coca, para de ese modo evitar que las nuevas plantaciones se hagan en áreas protegidas como los parques nacionales y reservas naturales en las que está prohibida cualquier labor agrícola.
La oferta presidencial a los campesinos productores de coca se refirió específicamente a la necesidad de evitar la proliferación de cocales en los parques Amboró, Madidi, Carrasco e Isiboro Sécure, donde se ha verificado ya más allá de cualquier duda la fuerte presión que ejercen los productores de coca para ampliar la frontera agrícola a expensas de tan importantes reservas ambientales.
Paradójicamente, y en lo que aparentemente sería todo un contrasentido, en el mismo acto el Primer Mandatario elogió la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por efectivos militares y policiales, por la eficiencia con que durante la gestión 2013 realizaron su labor para erradicar 11.407 hectáreas de cultivos ilegales y anunció su decisión de instruir que durante el año que se inicia se redoblen los esfuerzos de manera que la gestión culmine con la erradicación de una superficie aún mayor.
Según el más reciente informe de las Naciones Unidas, los cultivos ubicados dentro de los límites de las áreas protegidas llegaban a fines de 2012 a 2.150 hectáreas, equivalentes al 8 por ciento de los cultivos de coca y la tendencia sería hacia una continua y muy acelerada expansión. Además de la natural presión causada por la mayor demanda del producto, la fertilidad de las tierras vírgenes haría muy atractiva la ampliación de la frontera agrícola.
Es en ese contexto que adquiere sentido la intención presidencial de dirigir hacia otras áreas, que no sean las protegidas, las nuevas plantaciones de coca, lo que resulta incompatible con el marco legal actualmente vigente, que considera delictivo cualquier cultivo nuevo.
Es pues evidente que el Gobierno actual, sometido a la rigurosa vigilancia de los países vecinos, cada vez más preocupados por el problema, de la comunidad internacional y de los organismos internacionales, está frente a un dilema de muy difícil solución, ante el que se hace ineludible la necesidad modificar la legislación sobre la materia.
Consistente con ese propósito, durante los últimos días el presidente Morales ha anunciado también que uno de los principales objetivos de la política internacional de Bolivia durante el presente año será retirar la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención Única de 1961, lo que podría interpretarse como un primer paso hacia la despenalización de los cultivos excedentarios ya existentes y de los nuevos.
En ese contexto, y dados los antecedentes del tema, resulta ineludible que tan delicado asunto sea abordado con la mayor claridad y puesto en la mesa del debate nacional.