EDITORIAL

¿Apuesta por la medianía?

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la “educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, y que el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, privadas y de convenio, todas bajo tuición del “Estado y la sociedad”.
Luego de detallar algunas características de la educación en el país, se dispone que ésta sea obligatoria hasta el bachillerato y que la educación fiscal sea gratuita en todos sus niveles hasta el superior. También se reconoce a las unidades de convenio, de servicio social, que son de acceso libre y sin fines de lucro, y a las unidades educativas privadas (en todos los niveles y modalidades), que se “regirán por políticas, programas y autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley”.
Esta reseña constitucional significa que el Estado, a través del gobierno, debe sostener el funcionamiento de un sistema fiscal de elevado nivel, objetivo del que, por donde se analice, estamos aún demasiado lejos por, entre otras razones, una tradición en el manejo estatal de la educación que ha dado demasiado poder a las corporaciones docentes y a las burocracias administrativas, que han obstaculizado letalmente propuestas de reforma del sistema, como lo hicieron con las reformas educativas de 1956 y 1994. Y se está llegando al colmo al querer diseñar improvisadamente programas al impulso de iniciativas que no tienen más sustento que el ejercicio del poder.
Pero, además de que no se cumplen estas disposiciones constitucionales, el gobierno, a través del Ministerio de Educación y su aparato burocrático dedican demasiados esfuerzos a obstaculizar, en forma permanente, el trabajo en el área privada de la educación. Se entiende que ésta existe por la demanda ciudadana ante la falta de espacio en el sistema fiscal y, sobre todo, por la baja calidad de la educación en éste, con honrosas excepciones en las que hay una aglomeración tal de solicitudes que las autoridades deben inventar mecanismos para evitar incluso enfrentamientos personales violentos.
Ahora, las autoridades han decidido establecer un tope para el incremento de pensiones escolares, cuando su deber es supervisar que las ofertas que se hagan en el sector privado sean cumplidas y que los planes y programas respondan a los parámetros de calidad que se ofrece y respondan a los lineamientos generales establecidos por ley.
Pero, es tal el acoso que pareciera, en verdad, que hay una voluntad implícita de, por un lado, nivelar la calidad de la educación por lo más bajo (como ha sucedido con las Normales) y, por el otro, apuntar a la eliminación del sistema educativo privado, sin reflexionar sobre el caos que sobrevendría si eso se hiciera realidad.
Por ello es pertinente advertir a las máximas autoridades del país que con estas actitudes se está jugando con fuego y, como se sabe, cuando éste estalla, todos pueden quemarse, particularmente los menos favorecidos de la sociedad.