SURAZO

Calidad: esa es la cuestión

Juan José Toro Montoya.- Todavía faltaban unos días para la Navidad de 2013 pero la Página del Idioma Español me hizo un regalo: me enseñó que la palabra “taxi” viene de “taxímetro” que es el “aparato del que van provistos algunos coches de alquiler, el cual marca automáticamente la distancia recorrida y la cantidad devengada”.
Hasta ahí no parece haber ninguna novedad pero lo sorprendente es que los primeros taxímetros aparecieron en Francia en los últimos años del siglo XIX. Posteriormente, el nombre se extendió al vehículo que lo utilizaba y, quizás por razones de simplificación, este se acortó simplemente a “taxi”.
El dato me recordó que hace como seis meses la Alcaldía de Santa Cruz propuso resolver el problema de las tarifas de taxis con la instalación de taxímetros y, como sabemos, los taxistas se opusieron. Y así están ahora: discutiendo sobre la instalación de un aparatito que ya tiene más de 100 años de haberse inventado, que funciona eficientemente en la mayoría de las ciudades del mundo pero es una rareza en la Bolivia del siglo XXI, incluso en su ciudad más progresista.
Es que el fondo de cualquier discusión sobre tarifas es que a los chóferes, sean estos taxistas, conductores de buses o “floteros”, no les interesa un ápice mejorar el servicio porque su primera preocupación es el dinero que se cobra a los pasajeros.
El 16 de agosto de 2011 se promulgó la Ley General de Transporte que establece entre sus principios a la calidad, eficiencia y seguridad en la prestación de servicios en ese rubro. Ya pasó casi un año y medio y ninguno de esos principios se aplica al servicio del transporte, sea este urbano, interprovincial o interdepartamental.
Por el contrario, un malhadado y sospechoso borrador de resolución de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes permitió que las empresas de transporte interdepartamental, las llamadas “flotas”, suban el precio de sus pasajes sin haber hecho el intento de mejorar sus servicios.
Quien ha viajado alguna vez en una “flota” sabe que el servicio es un desastre. Los pasajeros deben aguantar durante horas el mal humor de los conductores que no se dignan a dejar abierta la puerta del baño —si es que existe— con la pueril excusa de que la gente no sabe utilizarlo. La categorización es un chiste porque, en ocasiones, un “bus normal” es mejor que un “bus cama” y mientras en el oriente el pasajero se sofoca por falta de ventilación, los del occidente se congelan porque al chofer no le da la gana de encender la calefacción.
Falta calidad y las incomodidades son tantas que terminan abrumando al pobre pasajero, peor si viaja con menores. En esencia, el transporte terrestre es más económico que el aéreo así que es utilizado por las clases populares pero el Gobierno parece olvidar el detalle y no exige que, en aplicación de su ley, el servicio mejore.
¿Cómo es eso de negociar tarifas sin que, de inicio, se exija el cumplimiento de estándares básicos de calidad, eficiencia y seguridad?
Si el Gobierno accede a subir las tarifas, en cualquier proporción, sin antes exigir la mejora del servicio se estará convirtiendo en cómplice de la vulneración a su ley, la número 165, la Ley General del Transporte.