EDITORIAL

Peligrosa muerte

Pese al tiempo transcurrido desde que se anunció que un empresario chuquisaqueño apareció muerto en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, el caso, en vez de aclararse, se está enredando poniendo en tela de juicio las versiones emitidas por las autoridades políticas (no judiciales ni policiales) en sentido de que se trataría de un suicidio.
La información sobre este deceso fue dada por el Ministro de la Presidencia en una conferencia de prensa en la que esa autoridad estableció que se trataba de un suicidio y que dicho empresario habría intentado estafar al Estado con el que tenía contratos de construcción, incluyendo el ya polémico programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Luego se informó que el presunto suicida tenía las manos atadas y se habría colgado uniendo los cordones de sus zapatos, sin que se explique con lógica cómo pudo ahorcarse en esas condiciones y por qué no se le requisó, como corresponde, los cordones de sus zapatos, en cumplimiento de la norma que establece que se quite a los presos todos los objetos que pudieran servirles, precisamente, para la autoeliminación.
A continuación, se conoció que el Viceministro de Gobierno visitó las instalaciones de la Felcc. En un principio se informó que lo hizo para reunirse con el empresario, pero, esa autoridad aseguró que lo hizo cuando ya éste estaba muerto y por instrucción del titular de Gobierno, para conocer mejor el caso.
Sin embargo, y pasados los días, no hay una información técnica de los organismos correspondientes, hecho que ha provocado que la familia, a través de su abogado, dude de los informes de la autoridades políticas e insisten en que el empresario no pudo suicidarse, por lo que exigen una investigación técnica imparcial.
A las suspicacias mencionadas se debe sumar que no es la primera vez que alguien vinculado con el Estado en relaciones no muy claras acaba muerto en circunstancias extrañas que, al pasar los días, se va comprobando que no eran las que informaban oficialmente.
Obviamente esta reiteración afecta mucho a la legitimidad estatal. Por un lado, no hay garantías para el ciudadano que es detenido en instalaciones de la Policía ni hay, cuando se trata de temas complejos como el que se comenta, una voz oficial de la institución que explique con claridad los sucesos. Más bien, se guarda un silencio cuasi cómplice que muestra una extrema dependencia del poder político. Por otro lado, al no haber información transparente y lógica sobre este tipo de hechos penales y, más bien, aparecen oficiosas declaraciones desde otros ámbitos, aumentan las dudas y los temores.
En este contexto, se convierte en un imperativo exigir al Gobierno que por respeto a la precaria institucionalidad existente y en resguardo de su propia legitimidad, instruya el transparente y técnico esclarecimiento del caso del empresario presuntamente suicida. Mientras esto no suceda, se ahondará la desconfianza ciudadana tanto en el poder político como en las instituciones que tienen el deber de garantizar la vigencia de los derechos humanos y la seguridad ciudadana.