EDITORIAL

Peligrosas consecuencias de un acto de autoritarismo

El allanamiento de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH La Paz) por parte de dirigentes afines al partido de gobierno y, luego, por efectivos de la Policía –aún a pesar del tardío repliegue de los efectivos policiales– es un hecho que, salvo que sea revertido en las próximas horas, expresa la decisión de algunas corrientes dentro del Gobierno de avanzar hacia la consolidación de un estado autoritario, más aún si el hecho ha sido justificado porque “lamentablemente la organización se ha dividido y hay sectores parcializados con la oposición”.
Además, se adopta esa lamentable decisión (sin precedente alguno salvo en una de las dictaduras más oprobiosas de nuestra historia contemporánea) días previos a la celebración del cuarto aniversario de promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que paradójicamente amplió la lista de derechos humanos, y el octavo de la asunción del MAS al poder.
Conviene recordar, asimismo, que muchos de los integrantes del actual gobierno fueron importantes activistas de la defensa de los derechos humanos estando en el llano, y varios de ellos realizaron esa actividad durante los gobiernos democráticos que precedieron al actual y se alineaban entre los críticos más duros en contra de ellos, ninguno de los cuales, empero, adoptó una decisión como la que se comenta.
Obviamente, esta intervención ha provocado un rechazo general. Es que ésta se convierte en una seria advertencia a quienes no se alinean con los postulados del Gobierno, particularmente hacia organizaciones sin filiación partidaria alguna, pero que han hecho de la defensa de los derechos humanos parte fundamental de su acción social: las diversas oficinas de Derechos Humanos o defensorías del pueblo; la universidad, en este caso a través de la universidad Mayor de San Andrés de La Paz, cuyo rector fue uno de los dirigentes más importantes de la APDH de Bolivia (junto al actual embajador ante Naciones Unidas) durante los gobiernos precedentes y cumplió un papel clave incluso en el derrocamiento del viejo sistema político-partidario, y de los gremios del periodismo.
Probablemente, las corrientes autoritarias del MAS tratarán de resistir estos rechazos y mantendrán su decisión de copar esta institución defensora de los derechos humanos, como han actuado respecto a las organizaciones indígenas del país. Si lo logran, habrá que advertir que se tratará de un certero golpe a la vida democrática del país, pero también un severo llamado de atención a las corrientes democráticas dentro del MAS y el Gobierno por su incapacidad de poner coto a actitudes autoritarias que agreden su origen y desarrollo.
Pero, más allá de lo que pueda suceder dentro del Gobierno y el MAS, lo cierto es que esta decisión de allanar las instalaciones de la APDH La Paz, si no es levantada completamente de inmediato, significaría el comienzo de una nueva historia en el país y no muy halagüeña para la pacífica y democrática convivencia ciudadana.
Esa es la dimensión que tiene la decisión gubernamental de allanar las mencionadas oficinas y tratar de dividir al movimiento de defensa de los derechos humanos en el país.