EDITORIAL

Ocho años de un proceso histórico

Hoy, 22 de enero, es una fecha que se ha consolidado ya entre las más importantes del calendario cívico nacional. Y no sólo por el carácter formal que le da la condición de feriado nacional que le fue dada por Decreto Supremo aprobado en conmemoración de la inauguración de la primera gestión gubernamental del Presidente Evo Morales, sino porque los ocho años transcurridos desde entonces han confirmado que el proceso político inaugurado el 22 de enero de 2006 es uno de los más importantes de la historia contemporánea de nuestro país.
Es verdad que por tratarse de un proceso que está todavía en pleno desarrollo no es posible aventurar una evaluación que abarque su dimensión histórica. No es menos cierto, sin embargo, que los ocho años transcurridos ya se prestan, aunque sea parcialmente, para hacer un balance que no se limite a los aspectos coyunturales.
El solo hecho de que éste sea el segundo gobierno más duradero de la historia de Bolivia –después del que encabezó Andrés de Santa Cruz durante nueve años y ocho meses– es de por sí un dato muy significativo. Más aún si se considera que todavía tiene 12 meses por delante y amplias posibilidades de prolongarse durante cinco años más.
Visto desde ese punto de vista, y dados los antecedentes de la historia política de nuestro país, tanto en su vertiente militar y despótica como de la democrática y constitucional, es incuestionable el hecho de que éste es uno de los gobiernos más sólidos y estables y eso, más allá de las opiniones subjetivas, es algo digno de consideración y de un esfuerzo de comprensión.
Indudablemente, gran parte de esa solidez es atribuible a graves excesos cometidos en el uso y abuso del poder político, a la facilidad con que se incurre en la tentación autoritaria; al debilitamiento de instituciones fundamentales del Estado de Derecho y a la sistemática violación de principios básicos de un sistema democrático. No se puede negar, sin embargo, si en verdad se trata de comprender la naturaleza del régimen inaugurado hace ocho años, que tan importante como lo anterior es el vigoroso respaldo popular que sin grandes variaciones se mantiene de manera incondicional a lo largo de los años y, según los sondeos de opinión conocidos, se proyecta hacia el porvenir.
A tal situación se ha llegado por la combinación de muchos factores entre los que sin duda se destacan las muy favorables condiciones económicas externas, ninguna de las cuales es atribuible a méritos gubernamentales. No sería justo negar, sin embargo, que además de tan ventajosas circunstancias hubo una gestión de las finanzas públicas a la que corresponde por lo menos parte del mérito para que el factor económico sea percibido por gran parte de la sociedad, empezando por la élite empresarial de nuestro país, y también por los principales organismos internacionales, como uno de los principales puntales del éxito gubernamental.
Ahora, cuando se inician los últimos 12 meses, dos posibilidades se abren en el horizonte. La primera, que dentro de un año, el 22 de enero de 2015, el proceso iniciado en 2006 se prolongue por otros cinco años. Y la otra, que sea clausurado para que en su lugar se inaugure una nueva etapa. En cualquiera de ambos casos, y eso es lo que en verdad importa, será la voluntad popular la que decida.