Ocho años de gobierno: Nuevas castas oligárquicas

Gonzalo Rodríguez Amurrio.- A ocho años de gobierno de Evo Morales, las evaluaciones del denominado proceso de cambio motivan a considerar las perspectivas para hacerlo. Una de ellas es, sin duda, la de tomar en cuenta los empoderamientos que han resultado de tal proceso, a favor de determinadas clases sociales, o más propiamente sectores de clase.
Al respecto, es ya indiscutible que ese proceso creó y fortaleció nuevas castas oligárquicas, ligadas a la economía del narcotráfico, al contrabando, a la actividad financiera sobre todo informal, a la minería que con el rótulo de cooperativa niega derechos laborales, así como al actual usufructo de las empresas e inversiones estatales.
Lejos quedó la ilusión respecto a que se podía lograr significativos niveles de justicia social, que cambien favorablemente las condiciones de vida de las familias bolivianas que viven de su trabajo lícito, o así buscan hacerlo.
El ejercicio del gobierno, terminó haciendo evidente y desarrollando la peculiar naturaleza pro-capitalista del MAS. Su propósito central, rememorando palabras propias de sus principales teóricos, siempre fue desarrollar un “capitalismo andino”, que no podría ser tal sin las nuevas castas oligárquicas empoderadas.
Hoy queda confirmado que el gobierno se aprovechó, sin límite, de esa población mayoritaria que lo respaldó. En extremo, la movilizó con el único fin de sacar ventaja en sus pugnas interoligárquicas con las viejas castas, en particular la agroempresarial del oriente, para al final tranzar con ellas las áreas y los límites de sus negocios.
En el campo popular el resultado es nefasto. Los asalariados del país, obreros o profesionales, nunca fueron empoderados, por el contrario terminaron a total merced del gobierno y en estos últimos años sienten y sufren el peso de tal sojuzgamiento.
Los pueblos indígenas cuyo nombre sirvió de bandera al “proceso de cambio” simplemente fueron usados y luego vejados en sus derechos fundamentales, como el de la consulta previa. Y en este último tiempo sus líderes son siempre víctimas de un sistemático hostigamiento y persecución ordenadas desde esferas gubernamentales.
En cuanto a las y los trabajadores urbanos por cuenta propia, estos vieron acrecentar cada año los rigores del sistema tributario, a la par de una total indiferencia del gobierno en torno a sus necesidades y expectativas. A manera de ejemplo, no existe la más mínima iniciativa en el gobierno sobre las necesidades de salud de estas familias y menos en su acceso real a las prestaciones de la seguridad social de corto y largo plazo.
Si bien la reivindicación de lo étnico cultural fue una respuesta favorable hacia las poblaciones rurales, sus otras carencias como la de servicios de salud se encuentran a un siglo de distancia. Paradójicamente la mentalidad feudal, abigarrada a la lógica capitalista del gobierno, no da lugar a considerar las prestaciones de salud de la seguridad social para las familias campesinas, pese a ser un derecho universal por mandato de la Constitución.
Para el colmo esta nefasta realidad de los sectores populares no termina, las nuevas castas oligárquicas gobernantes, en concomitancia con los sectores oligárquicos de antaño, tienen la necesidad de mantener y reproducir el sometimiento de las y los asalariados, de las y los trabajadores por cuenta propia de las ciudades y el campo.
Anhelan y se esfuerzan por métodos democráticos o antidemocráticos para que las grandes mayorías siempre estén a su servicio y, como parte de ello en lo político, sigan en esa condición de servidumbre, aplaudiendo las migajas que les llega o aquel perdón en el maltrato cotidiano, que el gobierno acostumbra como expresión de su soberbia.
Pero, como reza una conocida cueca, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista.