BARLAMENTOS

Perú, Bolivia y monopolios de prensa

Winston Estremadoiro.- Me atrajo el encontrón de padre e hijo, entre Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, sobre la controversia de moda en el Perú. El contexto fue que el mayor y más poderoso holding de prensa multimedia peruano compró las acciones de otro grupo; si antes dominaba casi el 50 por ciento del mercado de diarios, ahora controla casi el 80 por ciento. El meollo de la controversia cuestiona: ¿hasta qué punto el monopolio de los medios de comunicación afecta a la libertad de expresión?
Nadie discutirá el liberalismo libertario de Mario Vargas Llosa, así fueran falsos profetas oportunistas que tildan de enorme especie extinguida su línea y trayectoria, en esa maraña repleta de aviesos bichos y víboras traicioneras que es la política latinoamericana. Su opinión sobre el entuerto fue clara: “Que haya una economía de mercado y se respete la propiedad privada no bastan, por sí solas, para garantizar la libertad de prensa en un país. Esta se ve amenazada, también, si un grupo económico pasa a controlar de manera significativamente mayoritaria los medios de comunicación escritos o audiovisuales”.
Su hijo Álvaro Vargas Llosa, confunde naranjas con mandarinas diciendo que “la figura del acaparamiento y el monopolio es un absurdo en este caso (para no hablar de lo obsoleto que resulta en la era informática). El acaparamiento tiene sentido cuando se habla de licencias y frecuencias, no cuando se habla de lectores de diarios”. ¿Acaso el acaparamiento y el monopolio no fueron expresiones de la prensa amarilla o el ‘pensamiento único’ en los EE.UU. de Randolph Hearst y la China de los libritos rojos de Mao? Si tales deformaciones son obsoletas en la era informática, ¿deberíamos relajarnos y gozar del abuso, potencial o real, a la libertad de prensa?
Me inclino por la posición del gran escritor, a quien percibo como un frondoso jacarandá, que cobija en su sombra a una vigorosa palmera, su hijo. Porque así se trate de un grupo empresarial privado, o de gobiernos que extorsionan o acallan medios de comunicación a veces opositores, ambos atentan contra la libertad de expresión por acción u omisión. ¿Acaso el poderoso consorcio peruano no calló en los periódicos bajo su control, que habían aceptado una demanda de amparo en contra de la fusión, presentada por ocho periodistas? No fue necesaria una instrucción, así fuera entre líneas verbales, de algún mandamás de las suites ejecutivas en el edificio del Jirón Miró Quesada de la señorial Lima, que desde 1875 alberga la sede del consorcio. Bastó la prudencia amilanada de editores del grupo empresarial para la autocensura, en perjuicio de informar equitativamente a los lectores.
Tal vez el Presidente peruano no debía terciar llevando agua a su molino preelectoral, tomando bando con la posición del escritor honrado con el premio Nobel de Literatura. Pero es pertinente su pregunta: “¿Quién amenaza realmente a la libertad de expresión? ¿Aquel grupo empresarial que compra los medios de comunicación o el presidente de la República o el premio Nobel de la Literatura y otros periodistas valientes que sólo han expresado su preocupación y desacuerdo con esa política?”
Porque el dilema es tema atingente en la relación de la política –y su deformación, la politiquería– con los medios de comunicación. La Bolivia de hoy, su padrino original la Venezuela chavista, y otros, son países donde el Gobierno, que es circunstancial y temporal, se confunden con el Estado, que es perenne. Afianzan su prorroguismo en el poder mediante el control de los medios de comunicación.
No es innovación politiquera nueva, ni son los primeros en instrumentarlo como medio de prorrogarse. Desde la asunción presidencial de Evo Morales, tal vez con el asesoramiento cubano y la plata venezolana, el Gobierno ha revitalizado la televisión estatal, ha creado una red de radiodifusoras rurales, comprado medios audiovisuales y de prensa, cooptado periodistas y operará un carísimo satélite de comunicaciones. Todo con apariencia de progreso, sino fuera porque es dudosa su imparcialidad informativa.
Más aún, está claro que el Gobierno usa la publicidad estatal como forma de presión chantajista a librepensantes, a medios independientes, y peor, a opositores. Mediante jueces obsecuentes, con cualquier motivo se usa el acoso judicial para atemperar, cuando no acallar a periodistas valientes, como mi amigo el padre José Gramunt de Moragas. Sus mandamases apelan a subterfugios y piruetas verbales de que “la política publicitaria del Gobierno responde a criterios técnicos y de democratización de la pauta”, como declaró la Viceministra de Políticas Comunicacionales. Ocultan que, en el fondo, se discrimina con la adjudicación de la publicidad oficial de acuerdo a criterios politiqueros, cual denunciara Carlos Valverde.
No es casual que sean regiones otrora disidentes donde se ventilan controversias relacionadas. En Santa Cruz, el tira y afloja se nota en una norma edil que controla medios con la publicidad institucional, so pretexto de protección a la niñez y adolescencia. En Tarija, representantes de medios denuncian el “chantaje ilegal e inmoral” de la asignación de publicidad en la Gobernación, con el propósito, imagínense, de impedir que se informe de las denuncias de peculados de servidores públicos.
¿Hay algún ingenuo que duda que el Gobierno lleve agua a su molino si el mismísimo presidente Evo Morales los alecciona, en época preelectoral, donde descaradamente se usarán recursos del Estado para tal efecto?