EDITORIAL

Una propuesta empresarial para el país

Hace unos días, en vísperas de los actos correspondientes al octavo año de la actual gestión presidencial, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) presentó al Gobierno, a los empresarios de nuestro país, y a la sociedad en general, un decálogo consistente en diez recomendaciones para mejorar la economía nacional a partir de las tendencias macroeconómicas con que concluyó el año 2013.
No es la primera vez que el IBCE toma la palabra en una actitud propositiva, libre de las estrecheces de miras que suelen dificultar el intercambio de opiniones entre bolivianos. El decálogo es ya una muy ponderable tradición y no es la única manera como esa institución empresarial participa cotidianamente mediante sus análisis y reflexiones en la vida pública nacional. Todo un ejemplo de lo que se espera de un sector privado comprometido con el país, preocupado por su futuro y ocupado en mejorar su presente.
Es por esos antecedentes, que a lo largo de los años han ido dándole al IBCE la autoridad moral que hace falta para opinar sin que sobre sus opiniones y recomendaciones pese la sospecha de tener motivaciones ajenas al interés colectivo, que quienes tienen en sus manos el manejo de la economía harían bien en atenderlas. Y aunque no llegaran a adoptarlas, por lo menos corresponde que las incluyan entre los puntos de referencia que guían sus pasos a la hora de tomar decisiones cuyos efectos se prolongarán hacia el futuro de nuestro país.
La idea básica, de la que se desprenden los diez puntos del decálogo del IBCE, es la que plantea la necesidad de reconocer el carácter temporal y extraordinario de la bonanza de la que está gozando la economía nacional. Y como consecuencia lógica de ese reconocimiento, adoptar las medidas necesarias para que cuando llegue a su fin el ciclo ascendente Bolivia esté en condiciones de adaptarse a las nuevas circunstancias que sin duda serán más adversas que las actuales.
Para ello, el IBCE acepta el reto de hacer de la Agenda 2025 propuesta por el Gobierno un punto de referencia en el horizonte de nuestro futuro. Y al hacerlo propone una sinergia público-privada en favor de la “competitividad sistémica” para mejorar drásticamente la competitividad del país a todo nivel. Propone para ello que los actores productivos del país, sean grandes, medianos o pequeños, participen activamente en las decisiones.
Concentrar energías en el fortalecimiento del sector manufacturero y agroindustrial del país, mediante medidas que incentiven la inversión y mejoren la seguridad jurídica es uno de los pasos que propone. Combatir al contrabando y revalorizar el mercado interno; complementar la inclusión social con la “inclusión productiva” alentando la multiplicación de emprendimientos privados de todo tamaño, son otros de los pilares de las políticas de Estado propuestas, entre otras, son algunas de las diez propuestas.
Es probable que muchas de las propuestas del IBCE, como la relativa al fomento de biotecnologías, como los cultivos transgénicos, sean motivo de más de una objeción o por lo menos de un intenso debate. Pero de eso precisamente se trata. Y es eso lo que hace de este tipo de iniciativas todo un ejemplo de lo que corresponde hacer para afrontar con alguna posibilidad de éxito los enormes retos que nuestro país debe encarar.