Avisos gratuitos

Jaime D’mare C..- El abuso de poder político sobre los medios de comunicación, el periodismo y los periodistas tiene múltiples facetas, desde actitudes políticas, persecuciones, amenazas judiciales, procedimientos administrativos, censura –uno de los más eficaces de la política, que anula la información como resultado de su aplicación–, facultades sancionadoras gubernamentales sobre los medios, como la Ley 045 o las restricciones insertas en la Ley del Régimen Electoral, favores a periodistas, en fin, todas las formas que pudiera poner en práctica su inventiva.
Todas ellas tienen una sola orientación: el control de la información y por tanto el sometimiento de la libertad de expresión, por vía de los secuestros temporales, como sucede con los canales de televisión y radio que deben retransmitir, en cuantas ocasiones así lo exigiera el poder, las incitativas gubernamentales disfrazadas de informe de actividades, o la inserción obligatoria de avisos en los periódicos no dependientes del Estado.
Ocurre que en los últimos tiempos, algunos periódicos pertenecientes a la iniciativa privada han recibido órdenes del Gobierno de publicar gratuitamente, en media página y a colores, avisos, que si bien tienen carácter social de persuasión contra una de las formas de violencia que afecta a nuestra sociedad, como es la trata de personas y la prostitución, no por ello, sin embargo, dejan de ser formas de intervención en la propiedad privada, por encima de preceptos constitucionales que amparan las actividades de este sector.
La inserción obligatoria de avisos por orden del poder político es considerada una medida de régimen autoritario. Que el Gobierno y sus instituciones públicas obliguen a difundir sus mensajes en los medios de titularidad privada es un abuso y exceso que podría ser calificado incluso como de una confiscación parcial y momentánea de la propiedad que no les pertenece.
Lo escandaloso del caso es que esta instrucción está asentada en un Decreto Supremo, No 1486, que no pasa de ser una norma de carácter administrativo, y que aparentemente no ha pasado por control constitucional, lo que habría podido invalidarlo por ser contraria a normativas constitucionales.
Un decreto supremo es simplemente eso, una disposición de tipo administrativo y no tiene carácter jurídico, no es legal, escapa y se sale del control de lo que es justo, cayendo por tanto, en abuso y excesos del poder político, que no se pueden tolerar en sistemas democráticos.
La intención del mensaje de esas inserciones obligatorias es por demás entendible. Ante el crecimiento de la ola de violencia ya sea como trata de personas para forzarlas a la prostitución o de otra naturaleza ¿quién no está de acuerdo con iniciar campañas contra los flagelos sociales? Los mismos medios y los periodistas condenan a diario estas actitudes denunciando y mostrando a los autores de esos males, pero, una cosa es obligar y otra solicitar o concertar acuerdos para propósitos de esa naturaleza, a los que los medios y los periodistas no podrían negarse, y de hecho nunca se han negado, ya que esos males sociales denigran los valores de la dignidad de las personas con las cuales estamos consustanciados dueños de periódicos y periodistas.
Lo censurable del hecho es que el poder político públicamente ha dicho que tiene más de 200 millones de bolivianos para gastar este año en publicidad. ¿Entonces por qué no invertir en una campaña tan esencial y útil como es contra la trata y la prostitución, en lugar de derivar millonarios recursos en proselitismo y campañas propagandísticas como “Evo cumple”?