EDITORIAL

La educación

El entusiasmo que se observa el primer día de clases conmueve al más insensible. El acceso al sistema educativo formal es una ambición de todo padre/madre de familia que quiere que su descendencia pueda vivir en mejores condiciones que la suya, y ello pasa, a su criterio, por recibir una buena educación.
Se trata de una verdad irrebatible, más aún cuando una buena educación es clave no sólo para el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, sino del desarrollo de las naciones. De ahí que una de las críticas más duras a los conductores políticos en estos tiempos de crisis es su relativo abandono de la responsabilidad estatal de garantizar un buen sistema educativo para sus respectivas poblaciones.
En el país, además de que la educación es, constitucionalmente, “una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, el tema ha sido un permanente objeto de preocupación de las sucesivas administraciones. Conscientes de que se trata de un aspecto básico de la vida nacional, se han acometido importantes y onerosos intentos de reforma buscando estructurar un adecuado servicio educativo.
Probablemente el intento más integral fue dado en 1994 mediante la Ley de Reforma de la Educación, producto, de un lado, de un acuerdo político alcanzado en 1992 por el cual los partidos con representación parlamentaria se comprometieron a apoyar el diseño de una política de Estado sobre el tema. Pero, hecha la oferta, hecha la trampa, y lo que pareció ser el comienzo de una etapa promisoria para el sistema educativo (en el que se incorporó la educación multicultural y multilingüe) chocó con la resistencia político-ideológica de sectores de la sociedad y, fundamentalmente, de los gremios sindicales de profesores que, como en todos los países de la región, se oponen a que les exija mayor esfuerzo y capacitación.
Con el acceso del MAS al poder, se sufrió una evidente retroceso al volver a convertir a la educación en una asunto de los gremios sindicales y el Estado, olvidando progresivamente la participación de los padres de familia (ya, por lo demás, lamentablemente burocratizados) y los estudiantes. Así, se devolvió a los sindicatos una buena parte de la administración educativa y, luego, desaprovechando el impulso inicial, lanzó una nueva propuesta educativa, contenida en la Ley Avelino Siñani, que sobre el proyecto de 1994 edifica una estructura pesada y agrega una serie de contenidos ideológico-políticos más retóricos que reales. Tan retóricos, que por una sugerencia presidencial improvisada, ha sufrido un serio remezón al decidirse alargar las horas de clase de los estudiantes, objetivo muy difícil de alcanzar sin transformar radicalmente el sistema de administración docente y de infraestructura.
Pero, pese a estas idas y venidas, la gente sabe que sin educación el mejoramiento de sus condiciones de vida será poco menos que imposible, por lo que, como ha demostrado una vez más este 3 de febrero, el entusiasmo ante el primer día de clases supera toda incertidumbre.