EDITORIAL

Hacia la conservación del centralismo

Aunque en realidad ya se veía venir, puesto que más allá de la retórica el Gobierno en la práctica nunca ocultó sus inclinaciones centralistas, ha causado mucho malestar la decisión gubernamental de pasar por encima de lo que manda la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” negándose a presentar su propuesta técnica sobre el pacto fiscal para la próxima gestión.
Los argumentos que el Gobierno esgrime para justificar su decisión son de lo más variados y a cuál más insustancial. De todos ellos, el que más sorprende y alarma es el que niega la existencia de un mandato legal que lo obligue a presentar una propuesta. Sorprende porque es tan claro el texto de la Ley 031 del 19 de julio de 2010 y tan inequívoco lo que establece en su disposición Décimo Séptima que cuesta mucho tomar en serio las retorcidas interpretaciones con las que se lo quiere soslayar. Y alarma, porque deja entrever una vez más el desprecio con que desde las más altas jerarquías gubernamentales se trata a las leyes vigentes en nuestro país.
En efecto, es tan claro lo que manda la disposición Décimo Séptima, parágrafo II, según la que “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden”, que sólo con muy mala fe se puede pretender actuar de otro modo.
Seguramente conscientes de lo insostenibles que son los argumentos basados en el desconocimiento del mandato legal, ya una vez tomada la decisión, las autoridades gubernamentales han optado por ensayar otras explicaciones para su conducta, aunque ninguna de ellas suficiente para justificar su desacato.
Entre los argumentos que no por extemporáneos dejan de ser atendibles, está el relativo a la inconveniencia de sobreponer las previsibles pugnas entre regiones, departamentos, municipios y demás instancias estatales involucradas en la distribución de recursos con los debates proselitistas con miras a las elecciones generales de octubre próximo. Sin embargo, si se da por supuesto el riesgo de que las negociaciones de un nuevo pacto fiscal deriven en graves conflictos, sólo puede deberse a que el Gobierno asume que su propuesta será inaceptable para sus interlocutores.
Tal peligro, que en las actuales circunstancias es incuestionable, podría ser superado si el Gobierno central estuviera sinceramente dispuesto a acatar no sólo la letra sino el espíritu de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Desgraciadamente, como ya se ha puesto en evidencia en más de una oportunidad, es precisamente esa falta de disposición y el afán de obstaculizar cualquier paso en dirección hacia una transferencia de poder político y económico del Gobierno central a los departamentales y municipales lo que guía las decisiones en esta materia.