MIRADA CONSTITUCIONAL

A cinco años de vigencia de la Constitución

José Antonio Rivera S..- Mañana, 7 de febrero, se cumple el 5º aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea Constituyente, modificada por el Congreso Nacional de entonces, y refrendada por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Esta ocasión es la más propicia para realizar una evaluación desde diferentes perspectivas: la académica, política y social, sobre cuánto se ha avanzado en la implementación del nuevo modelo de Estado configurado por la Constitución, y sobre el efectivo respeto y cumplimiento de sus normas.
La Constitución, en el plano político, es el pacto social y político que fija las reglas básicas de convivencia pacífica y de construcción democrática de la Sociedad. En el plano jurídico, es la norma fundamental que regula el sistema constitucional del Estado, definiendo su forma, su régimen de gobierno y sistema político, proclamando los valores supremos y principios fundamentales, consagrando los derechos y garantías constitucionales de las personas, y definiendo los órganos del poder constituido, a través de los cuales se ejerce el poder político del Estado.
Con la última reforma constitucional, Bolivia ha cambiado su modelo de Estado, pasando de ser un Estado Republicano a un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías; así lo define el art. 1º de la Constitución.
La modalidad de Estado Unitario significa que asume una organización estatal sobre la base de la unidad política y administrativa; pero se trata de un modelo Unitario complejo, ya que la configuración constitucional está orientada a lograr la compatibilidad entre la unidad constitucional y política con la desconcentración y la descentralización política administrativa, a través del régimen de las autonomías, creando las Entidades Territoriales Autónomas. Sin embargo, en los cinco años de vigencia de la Constitución, la implementación del régimen autonómico no ha tenido un significativo avance; el viejo Estado Unitario centralizado se encuentra incólume, y al parecer hoy está más centralizado que antes.
El Estado Social significa un modelo de organización social, política y económica que tiene su base en los valores supremos de la dignidad humana, la igualdad y la justicia, en el que la política estatal está orientada a garantizarle a su población las condiciones básicas para una existencia digna de seres humanos. Al respecto, cabe señalar que, en la última década Bolivia ha logrado un importante crecimiento económico, del 2.5% del PIB en el año 2000 a un 6.04% al 2013; pero, ese logro no se ha reflejado en una verdadera prosperidad económica, situación que se logra con el mejoramiento de la calidad de vida en el conjunto de la población, la baja de la tasa de desempleo, la disminución de la desigualdad económica y social, la buena calidad en los servicios de salud y educación con la garantía de un acceso, en igualdad de condiciones, para toda la población, y la estabilidad política y social. Frente al crecimiento de la macroeconomía todavía se constata la desigualdad económica y social, ya que aún existen elevados índices de pobreza y de extrema pobreza; el Estado aún no garantiza el acceso gratuito de la población a los servicios de salud, como manda el art. 35 de la Constitución, tampoco garantiza a todos los bolivianos y bolivianas el acceso al seguro universal de salud, como manda el art. 36 de la Ley Fundamental del Estado; y finalmente, no se ha reducido considerablemente la tasa de desempleo, pues solamente 1.050.000 personas tienen empleo, y los niveles salariales de más del 80% de los trabajadores aún son bajos, pues no garantizan una vida digna.
El Estado de Derecho significa que la actividad estatal se rige por un ordenamiento jurídico (la Constitución, los tratados y convenciones internacionales, las leyes y reglamentos) establecido y publicado de antemano que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados, y se rige por los principios de la legislación prospectiva no retroactiva, un Órgano Judicial independiente, el acceso universal a una justicia independiente, imparcial, y el respeto a la dignidad humana, resguardando y preservando los derechos fundamentales.
En contraste con lo definido por la Constitución, en estos últimos cinco años, el Estado de Derecho se ha debilitado considerablemente; los gobernantes no se subordinan a la Constitución, al contrario la infringen de manera reiterada; ello queda demostrado con la emisión de leyes y reglamentos inconstitucionales; la permanente violación de los derechos y garantías constitucionales de las personas, así como de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, como el caso Tipnis. El Órgano Judicial, así como sus magistrados y jueces, no gozan de independencia, pues existe injerencia política; y no se garantiza a los bolivianos y bolivianas un acceso a una justicia independiente, imparcial, pronta y oportuna; debiendo mencionarse que la elección por voto popular de los magistrados de los máximos tribunales de justicia, no fue solución a la crisis estructural del sistema judicial del Estado.
En estos cinco años de vigencia, con mucha pena constatamos que en Bolivia la Constitución aún no se constituye en la norma suprema del ordenamiento jurídico; las autoridades la nombran pero no la acatan ni cumplen sus mandatos; lastimosamente no existe una lealtad constitucional de los gobernantes ni cultura constitucional entre los ciudadanos, lo que hace que, en la práctica, las normas de la Constitución sean solo un listado de buenas intenciones. Ojalá que al celebrar este quinto aniversario los gobernantes reflexionen sobre la importancia que tiene el respeto de la Constitución para la convivencia pacífica.