HISTÓRICO. Un día como hoy, hace cinco años, el presidente Evo Morales promulgó la nueva Constitución Política del Estado.

Un lustro después

Actores coinciden en que la CPE no logró priorizar lo indígena originario

Sucre/Daniel Villavicencio V., CORREO DEL SUR

Un lustro después de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) queda una deuda pendiente con la sociedad respecto a la profundización de la autonomía, la materialización de leyes orgánicas y, sobre todo, con la premisa de priorización de lo indígena originario.
Actores del proceso constituyente evalúan el alcance que tuvo la nueva ley de leyes boliviana tras la instalación de la Asamblea Constituyente en Sucre en la gestión 2006, su aprobación en Oruro en 2007, sus modificaciones en el Congreso en 2008 y su promulgación un día como hoy, 7 de febrero, hace cinco años, en un apoteósico acto en El Alto.
Para el ex asambleísta del oficialismo Raúl Prada, el proceso de cambio que propugnó el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo una etapa ascendente que inició con las luchas sociales entre 2000 y 2005 y la instalación de la Asamblea Constituyente, declinó durante sus deliberaciones, pero, finalmente, logró aprobar una nueva Constitución con la característica esencial que impulsó el Pacto de Unidad: “la transformación estatal a una condición plurinacional del Estado, una condición comunitaria, autonómica, articulada con la visión intercultural y la perspectiva del vivir bien”.
Un “vendaval” inició –a decir de Prada– cuando el Congreso decidió revisar, “de manera ignominiosa”, el texto constitucional: “una violación del poder constituido sobre el poder constituyente”. Lo plurinacional pierde su esencia con la inclusión de modificaciones conservadoras como la exclusión de la reforma agraria.
Tras la aprobación de la CPE por la población y su promulgación en 2009, inicia una “caída estrepitosa”, dice Prada al argumentar que el Gobierno incumple la CPE y prefiere “preservar el viejo Estado nación dándole un barniz folclórico con nombres y símbolos de plurinacional".
Lo indígena originario queda relegado a un segundo plano y el Gobierno se atreve incluso a ir contra el “germen” del Estado, señala Prada y ejemplifica lo sucedido en el TIPNIS, donde el Gobierno “se estrella contra los indígenas a nombre del Estado plurinacional”.
“Lo que vivimos hasta ahora es una destrucción sistemática de la CPE por parte del Gobierno nacionalista que defiende su Estado nación, entonces no sólo hay cosas pendientes, todo está pendiente”, enfatiza.
El texto constitucional que arrojó el proceso constituyente terminó con un empate, según interpreta el ex asambleísta de oposición Oscar Urquizu, porque se inscribió tanto la visión indígena del MAS como los principios autonómicos que defendieron los opositores. Sin embargo, cinco años después, la alternativa opositora parece tomar más forma porque se avanzó en la conformación de asambleas departamentales con facultades legislativas, legislación municipal, elección de gobernadores y otros, aunque, sin duda, existen deudas que tienen que ver con una mayor asignación de competencias y recursos, afirma. Recuerda además que el Gobierno sigue administrando un 88% de los recursos y sólo un 12% está en manos de gobernaciones, municipios y universidades.
Por otro lado, Urquizu, ex constituyente de Podemos, enfatiza que la premisa del Estado plurinacional “quedó en el discurso” porque el Gobierno no pudo plasmar su proyecto inicial contenido en la propuesta del Pacto de Unidad. “De 339 municipios solamente 11 son indígenas, de 130 escaños en Diputados solo siete son indígenas; por tanto el Gobierno ha traicionado su propuesta de Estado, quedando lo plurinacional para la propaganda pero muy poco plasmado en lo real”, asegura.


OTRA EVALUACIÓN
El ex asambleísta del MBL Orlando Ceballos rechaza ambas evaluaciones y pide sustentarse en otro ámbito: el cognitivo. “Todavía estamos experimentando un tiempo de asimilación de la dimensión cognitiva que ha significado este proceso de cambio. Desde el sentido común se intenta explicar lo que está pasando en Bolivia a partir únicamente de la dimensión de la transformación de un Estado neoliberal a la constitución de una forma de organizar al poder, pero el proceso de cambio no sólo es la transformación de la organización política, alcanza fundamentalmente al campo cognitivo”, asevera al refutar las evaluaciones que interpelan al proceso de cambio como algo concluido.
En un estudio, otro actor del proceso constituyente, el ex senador Carlos Borth, que fue partícipe de las negociaciones congresales para destrabar la aprobación de la CPE en 2008, concluye que hay un importante desarrollo legislativo en el país, pero muy pocas políticas públicas. Agrega la existencia no sólo de un gran déficit en materia de autonomía, sino el desarrollo de leyes antiautonomistas, lo cual se acompaña con el retraso en la autonomía indígena.
El actual presidente del Senado, Eugenio Rojas, revela que sólo se aprobó un 60% de las leyes estructurales.
Prada, actual disidente del Gobierno, considera que todas las leyes “fundacionales” aprobadas hasta la fecha son inconstitucionales y pone como ejemplos la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Régimen Electoral o la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Según Ceballos, hay dos debilidades en el proceso de implementación: la falta de leyes en el marco del nuevo constitucionalismo y la fundamentación de los fallos de los administradores de justicia que no logran construir un nuevo conocimiento.
“Se debe a que el Gobierno tiene una agenda 100% política y no una agenda de gestión para lograr los objetivos que plantea el artículo uno de la CPE, que es implementar el Estado plurinacional y autonómico”, complementa Urquizu quien ve deudas como la autonomía, lo indígena y las reformas judiciales que alcanzaron sólo a un cambio de actores.
También añade una deuda histórica con Chuquisaca.

La antítesis de la modernidad

El Estado plurinacional no sólo es la forma política organizada de la sociedad, deviene de una forma distinta de concebir la realidad, es la antítesis a la modernidad occidental capitalista. Responde a un tiempo y espacio distinto al tiempo de la sociedad moderna. Lo que se ha inaugurado en Bolivia es una forma de organización política y la formalidad de un texto constitucional, es la posibilidad de construir futuro. La evaluación tiene que ser en ese sentido, lo que ha empezado a generarse como movimiento de transformación en la sociedad no puede ser explicado a partir del conocimiento jurídico del positivismo.

Convocan a acto de desagravio

Para la jornada de hoy, el colectivo “Libertad de pensamiento para Bolivia” integrado por los asambleístas del oficialismo denominados "librepensantes" realizarán un acto de desagravio a la Constitución Política del Eestado, a propósito de la conmemoración de los cinco años de su promulgación y "ante las constantes violaciones por parte de la cúpula gubernamental a los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, libertades y garantías fundamentales en el Estado Plurinacional", según versa la invitación. Será a las 10:00 en la plaza del Bicentenario de La Paz.