PERCEPCIONES

Una alternativa

Mario Rueda Peña.- Las causas determinantes de las actuales inundaciones que estos días sufren varias regiones del país, no son tanto atribuibles al cambio climático cuanto a los chaqueos y desbosque en las cuencas altas de los ríos que bajan de los valles y el trópico. De 1997 a la fecha, según datos oficiales, en todo el país estas depredaciones acabaron con el acervo forestal de cerca de un millón de hectáreas.
Es justo destacar que gracias a los programas de conservación del bosque, en los últimos años, la pérdida anual de las áreas verdes bajó de 300 mil a 160 mil hectáreas, un descenso que, sin embargo, no acabó con el mal. Los ríos siguen desbordándose en la estación lluviosa, perjudicando a miles de familias de zonas rurales, así como a la producción agropecuaria y el transporte por carreteras.
Los bosques equivalen a esponja de absorción de la mayor parte del agua en periodos de lluvia. El agua se estanca en la tierra y fluye a un lento ritmo de liberación. Son diques naturales que merman considerablemente la corriente hacia los cauces fluviales.
Hace tiempo que el Parque Isiboro Sécure sufre una vasta deforestación en manos de avasalladores que chaquean su ladera oriental para la habilitación de cultivos, especialmente de coca.
Algo parecido ocurre en las selváticas gradientes sureñas del Tipnis.
Resultado: totalmente anegadas las aldeas de 800 familias de yuracarés y yuquis del subtrópico cochabambino. Las aguas bajan tumultuosas a los ríos que van a Beni y Pando, con resultados lamentables para muchos de los pueblos y ciudades de ambos departamentos. Cerca de 40 familias padecen en todo el país tales contingencias.
La deforestación merma también el acervo ecológico ambiental de Santa Cruz, cuyos parques naturales, (el Amboró, principalmente) son castigados por los chaqueos y la explotación forestales.
Es casi imposible reducir a cero la deforestación. En mayor o menor grado, en cada estación lluviosa, las inundaciones seguirán golpeando a aldeas, pueblos y varias ciudades del país. ¿Qué hacer, entonces? Una alternativa, aunque de efectos relativos, pero efectos al fin, consistiría en un Sistema Nacional de Prevención que podrían acordar el Gobierno central y las gobernaciones regionales. Diques, embalses reguladores y otras clases de barreras que impidan el desborde de los ríos a zonas rurales y ciudades, así como la canalización de los ríos en lugares de riesgo que aún carecen de estos sistemas defensivos. También debe considerarse la necesidad de trasladar a comunidades de zonas ribereñas a lugares más seguros.
Nos referimos a emprendimientos que podrían ser ejecutados poco a poco, en regiones mayormente expuestas a las riadas, toda vez que demandarían una millonaria inversión.