EDITORIAL

Hacia un acuerdo para salvar el sistema judicial

Si hay algo en lo que todos los bolivianos estamos de acuerdo, por encima de cualquier diferencia de género, origen étnico, religión, ideología, adhesión política o cualquier otro tipo de particularidad, es en que la crisis del sistema judicial de nuestro país ha llegado a un punto tan extremo que sólo un enorme esfuerzo colectivo podrá evitar el colapso final.
Los durísimos términos en los que últimamente se han referido al asunto las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo son la más clara muestra de lo dicho.
Tan infrecuente coincidencia en la identificación y descripción de la gravedad de un problema de interés colectivo podría ser vista con optimismo como un primer paso hacia una especie de gran acuerdo nacional, como los que en 1991 y 1992 sentaron las bases de una de las mejores etapas de la vida institucional de nuestro país.
En aquellas históricas ocasiones, que deberían ser más frecuentemente recordadas como experiencias exitosas de las que todavía tenemos mucho que aprender, todos los partidos políticos e instituciones tuvieron la grandeza de deponer sus intereses particulares en aras de un interés común y superior y gracias a eso se le dio pleno sentido a la independencia de órganos como el electoral y el judicial.
Ahora, casi 25 años después, la profundidad de la crisis en que está sumido el Órgano Judicial hace necesario un esfuerzo similar. Algo que exige que todos los protagonistas del quehacer nacional depongan sus apasionamientos políticos y cálculos inmediatistas, asuman con humildad sus propios errores y renunciando a cualquier tentación de sacar réditos a costa de los ajenos contribuyan con sus mejores recursos humanos a buscar una fórmula de salvación.
Un buen paso en ese sentido es la franqueza con que los más altos representantes de las fuerzas gubernamentales han reconocido que su decisión de transferir a la ciudadanía a través del voto popular la designación de las máximas autoridades judiciales fue un error.
Aunque no con la misma claridad, durante los últimos días han podido verse felizmente, si no en todos, por lo menos en algunos círculos gubernamentales, algunas señales de autocrítica y sensatez sobre el daño que le están haciendo no sólo a la imagen gubernamental sino, lo que es más importante, a la ya deteriorada salud del sistema judicial, los abusos de poder en los que durante los últimos años han incurrido muy importantes operadores del sistema judicial.
Casos extremos como el de la red de extorsionadores, las acusaciones que pesan contra el ex fiscal Sosa, los flagrantes actos de encubrimiento judicial a favor de ex funcionarios del Órgano Ejecutivo o, como contrapartida, la desembozada utilización de los estrados judiciales como escenarios de amedrentamiento y coerción contra líderes opositores son, entre muchos otros, algunos ejemplos que privan al Órgano Ejecutivo de la autoridad moral que haría falta para que sus preocupaciones sobre el estado de la justicia boliviana sean consideradas sinceras.
Por eso, y si en verdad se quiere allanar el camino hacia un pacto de salvación del sistema judicial, quienes tienen más posibilidades de influir en el curso de los hechos deben ser quienes den el ejemplo y den pruebas claras de su decisión de enmendar errores.