EDITORIAL

La hora de la prudencia

Sendos informes difundidos durante los últimos días por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el estado actual de la economía boliviana han causado cierto malestar en las filas oficialistas reavivado en círculos de expertos economistas el siempre candente debate sobre la situación actual, el rumbo que sigue y el futuro hacia el que se dirigen las finanzas públicas de nuestro país.
Ambos informes –el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2013 de la Cepal, y el informe del FMI correspondiente al año pasado y sus proyecciones hacia el 2014–, tienen un trasfondo positivo pues reconocen muchas cualidades a la manera como durante los últimos años se han manejado las finanzas públicas de nuestro país.
Sin embargo –y eso es lo que al parecer ha disgustado a autoridades gubernamentales reacias a cualquier visión crítica sobre sus actos– ambos organismos internacionales también coinciden, desde diferentes enfoques, al llamar la atención sobre algunos riesgos que ya se vislumbran en el horizonte y en recomendar cierta prudencia para no dejarse llevar por una especie de euforia exitista. Cabe recordar, al respecto, que hasta hace no mucho tiempo Venezuela y Argentina hacían derroche de optimismo al hacer sus cuentas y eso se plasmó en otro derroche, el de dinero, que fue lo que a ambos países condujo a su situación actual.
Al exponer sus preocupaciones y recomendaciones, la Cepal pone énfasis en el riesgo de que el gasto público continúe incrementándose. Hace notar que ya sin la competencia venezolana, por razones ya conocidas, Bolivia ha pasado a ocupar el primer lugar entre los países de Sudamérica con mayor gasto público seguido de Ecuador y Argentina. “Los países donde se produjeron los mayores incrementos son Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú”, señala el informe y destaca el caso boliviano que de un 30,9 por ciento del gasto en 2012 subió a 39,1por ciento en 2013.
Si se considera que está históricamente demostrado que en todos los países latinoamericanos la tendencia al descontrol del gasto público se acentúa en los años electorales, y que los dos primeros meses del año han dado ya abundantes indicios de que nuestro caso no será la excepción, los motivos para la preocupación expuestos por la Cepal resultan por lo menos dignos de atención.
En el caso del informe del FMI, el énfasis está puesto en los posibles efectos no deseados de la nueva Ley de Servicios Financieros (Ley de Bancos), que al subordinar las actividades del sector a objetivos sociales, relajando hasta límites muy peligrosos las normas para la adjudicación de créditos, podrían en el mediano plazo poner en peligro la estabilidad de los bancos.
Ambas observaciones, que de ningún modo pueden ser vistas como agresivas contra el Gobierno central y su política económica, han sido lamentablemente recibidas con más recelo que predisposición autocrítica. Actitud que dista mucho de ser la más adecuada pues, como ya se sabe, la soberbia en estos casos suele ser muy mala consejera.