DECISIÓN. El defensor del Pueblo, Rolando VIllena.

EN LAS INVESTIGACIONES DEL CASO CHAPARINA

Defensor pide investigar a fiscal que excluyó a Sacha

La Paz/ANF

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó ayer, al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, abrir una investigación a la Fiscal de Distrito en Suplencia Legal, Aly Rosario Venegas, por no incluir, en la investigación, el informe defensorial sobre la violación de Derechos Humanos en la represión de Chaparina.
La fiscal Venegas emitió la resolución 143/2014 el pasado 5 de febrero, para ratificar la exclusión del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, del caso de intervención policial en Chaparina a la VIII Marcha Indígena, decisión que fue deplorada por la Defensoría del Pueblo.
"He dispuesto remitir una comunicación formal al señor Fiscal General del Estado Plurinacional, Ramiro Guerrero, solicitándole que se abra una investigación inmediata contra la señalada fiscal (Venegas) y se tipifique los delitos que corresponda", sostuvo el Defensor.
En esa línea, Villena rechazó la resolución de la fiscal Venegas de ratificar la decisión de los fiscales de Materia, Patricia Santos y Róger Velásquez, de excluir a Llorenti del caso. Asimismo, expresó su preocupación respecto a la "grave crisis moral" que refleja el sistema de justicia en el país.
"En mérito a mis atribuciones constitucionales y legales y por el mandato que me instruye velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos de las bolivianas y los bolivianos, expreso mi indignación y rechazo a la resolución 143/2014 suscrita por la fiscal de Distrito en Suplencia Legal, Aly Rosario Venegas", manifestó.
La comisión de Fiscales a cargo de las investigaciones del caso Chaparina determinó alejar definitivamente del proceso investigativo al ex ministro de Gobierno, al no haberse encontrado alguna responsabilidad de su persona en los hechos represivos por parte de los policías a los indígenas del TIPNIS en la localidad beniana de Chaparina el pasado 25 de septiembre de 2011.
"Ya no podemos seguir tolerando que los responsables de administrar justicia y de investigar la comisión de delitos actúen de manera tan discrecional y poco transparente. Si las cosas continúan de este modo, ningún boliviano y boliviana puede tener asegurado el ejercicio de sus derechos humanos", lamentó en su comunicado.

Informe

Fue remitido al fiscal general Mario Uribe, el 23 de noviembre de 2011; al día siguiente, el fiscal José Ponce lo solicitó, y el 13 de diciembre el fiscal interino, Weimar Guzmán, confirmó que fue remitido a fiscalías de La Paz y Beni.