Jueves, 20 de febrero de 2014
 

HABLARÁN DE AVANCES EN RECURSO DE SEGURO DE VIDA

Magistrados del TCP y la prensa volverán a reunirse

Magistrados del TCP y la prensa volverán a reunirse

Se suspendió por una semana la audiencia entre el pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, para explicar los avances al tratamiento del recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la ley 315 del Seguro de Vida para los periodistas.
Ayer, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia tuvieron una breve reunión con el pleno del TCP porque los magistrados no pudieron hacer conocer el por qué de la tardanza en la emisión del fallo, debido a que la magistrada relatora, Soraida Chames, está de vacación.
Tan sólo se informaron que por dos veces se sorteó el caso y que desde el 6 de septiembre del 2013, el avance del tratamiento está paralizado.
En ese sentido, por decisión del pleno y aceptación de los dirigentes de la prensa se suspendió la audiencia para el próximo miércoles.
En esa cita, la relatora informará los avances del tratamiento del recurso a los representantes de la prensa.
El ejecutivo de la CSTPB, Hugo Bellido, dijo que en la próxima reunión explicarán el por qué se debe de rechazar el recurso planteado por Subirana y permitir que este sector goce de un seguro de vida.
“Esperaremos el informe de la relatora titular y así explicarles los motivos por los que queremos que se rechace el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el Diputado Subirana y explicar también por qué los trabajadores de la prensa necesitamos un seguro de vida”. Concluyó.
El lunes el diputado accionante Carlos Eduardo Subirana lamentó que el TCP mantenga en la incertidumbre a los trabajadores y a los medios de comunicación.
La demanda fue planteada el 8 de febrero del pasado año, bajo el criterio de que la ley 315 vulnera los derechos constitucionales a la propiedad privada al obligar a los medios de comunicación a pagar el 1 por ciento de sus ingresos brutos para sostener este seguro que en los hechos se convierte en una doble tributación.