EDITORIAL

Inseguridad jurídica, un factor de deslegitimación

A los bochornosos enfrentamientos registrados en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional hay que sumar la también profunda crisis del Ministerio Público, muchos de cuyos funcionarios han hecho de la extorsión una forma de aumentar sus ingresos.
Es evidente que la crisis judicial y de la fiscalía tiene larga data, pero también es preciso mencionar que pese a sus limitaciones desde fines de la década de los 80 del siglo pasado, se impulsó un proceso de reforma que, lamentablemente, quedó a medio camino, tanto por la crisis política que vivió el país entre 1998 y 2005, como por la decisión del Movimiento al Socialismo (MAS) de copar este órgano.
Se ha sumado a esos desaciertos la elección de las principales autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, en un proceso en el que el oficialismo impuso a sus candidatos sin importarle, más allá de la retórica, la necesaria reforma para que estén al servicio de la gente y no de un proyecto político sectario. Así, pese a las advertencias, el MAS creyó que con la posesión de autoridades afines a sus postulados la crisis sería superada.
Craso error, pues no comprende que se trata de una crisis estructural y que una condición básica para enfrentarla es contar con recursos humanos profesional y moralmente idóneos, y recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura suficientes y debidamente administrados.
La elección de las nuevas autoridades de ninguna manera respondió a esos criterios, sino al deseo de garantizar en estas instancias el ejercicio hegemónico del poder político. Y la ciudadanía se dio cuenta de este extremo al punto que en la elección el voto en blanco y nulo fue muy superior a los votos que recibieron los postulantes. Pese a ello, el Gobierno los posesionó y de inmediato comenzaron los conflictos internos debido, primero, a la elección de sus directivas, y luego, a la selección de personal.
Por otra parte, la decisión de utilizar la justicia como un instrumento de control político, otorgó al Ministerio Público un poder excesivo que en connivencia con autoridades del Órgano Ejecutivo, se conformó una red de operadores en la justicia y provenientes de los ministerios de Gobierno, la Presidencia y Justicia, encargados de los procesos incoados a los opositores políticos, que fácilmente se convirtió en un grupo extorsionador, como se va demostrando en el proceso instaurado en contra de ellos, pero que avanza con una lentitud y lenidad exasperantes. Es en ese contexto que surge la figura del emblemático caso del ex fiscal Marcelo Soza.
Obviamente desde las instancias del ejercicio del poder es difícil ver con objetividad la realidad. Pero bien harían las autoridades en analizar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en estas instancias y la cuota parte de culpa que tienen para comprender que, junto a la mala gestión administrativa, se están convirtiendo en su Talón de Aquiles.
En definitiva, de la manera en que se enfrente esta crisis en el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, dependerá en mucho la legitimidad gubernamental.