Domingo, 23 de febrero de 2014
 

INVESTIGACIÓN. Las investigaciones prosiguen en la Fiscalía bajo el control jurisdiccional de un juez.
INVESTIGACIÓN. Las investigaciones prosiguen en la Fiscalía bajo el control jurisdiccional de un juez.

INVESTIGAN DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EN LA DESIGNACIÓN DE JUECES

Cobros: Fiscalía tiene a sospechoso

Cobros: Fiscalía tiene a sospechoso



Funcionarios del Consejo intentaron cobrar $us 5.000 por cada juez designado

Sucre/CORREO DEL SUR

El Ministerio Público tiene identificados a algunos sospechosos de los supuestos cobros de dineros en el proceso de designación de jueces en el Consejo de la Magistratura; el 31 de enero emitió una orden de aprehensión contra un funcionario supuestamente involucrado, empero, la orden no se ejecutó porque el imputado renunció al cargo.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, en su declaración testifical en la Fiscalía, confirmó que algunos funcionarios de su institución intentaron cobrar $us 5.000 y celulares a jueces designados; para ello, mostraban a los supuestos designados en el distrito de Santa Cruz, títulos fotocopiados, según un documento al que accedió este diario.
Con estas declaraciones de la presidenta del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, el 31 de enero, emitió una orden de aprehensión contra el funcionario de la unidad de Dotaciones de esta institución (con las iniciales R.P.B.M), imputado por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y concusión. Esta orden al parecer no se ejecutó porque horas antes este funcionario renunció al cargo.


LOS HECHOS
Dentro de este caso, el 22 de enero, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, presentó denuncia contra autor y autores por haber intentado negociar con títulos de designación de jueces en el distrito de Santa Cruz.
De acuerdo a normativa interna, el 27 de diciembre, el Pleno del Consejo de la Magistratura procedió a la designación de 59 jueces; a partir de esa decisión, la Dirección de Recursos Humanos procedió a la elaboración de los títulos que después fueron firmados por la Presidenta.
No obstante ningún título fue enviado a los distritos, según la denuncia, sin embargo, el 6 de enero, curiosamente algunos abogados supuestamente designados en el distrito de Santa Cruz se presentaron en la unidad de Recursos Humanos exhibiendo fotocopias simples de los títulos de designación de jueces.
Además estas personas dijeron haber recibido llamadas telefónicas de funcionarios del Consejo de la Magistratura exigiendo el pago de sumas de dinero para ratificar y consolidar la designación.
¿Quién sacó las fotocopias de los títulos y cómo llegaron a Santa Cruz? Eso investiga la Fiscalía tras la denuncia de Cristina Mamani.
La investigación preliminar de la Fiscalía, encontró suficientes elementos de que el funcionario R.P.B.M participó en actos reñidos con la ley, por las declaraciones de la entrevista informativa de Mamani.
La Presidenta reveló que el 6 de enero, el encargado de Recursos Humanos de Santa Cruz le llamó al celular extrañado porque algunos abogados se presentaron en su oficina portando títulos de designación de jueces en fotocopias y solicitando los requisitos para la posesión. Oficialmente los títulos no salieron de la Presidencia.
Mamani declaró en la Fiscalía que el funcionario R.P.B.M sería quien convocó por teléfono a los designados para reunirse en un hotel y les habría pedido un celular de $us 800 tras mostrarles el título de designación fotocopiado.
“Usted está designado quiere ser juez o no, le doy si quiere esta fotocopia de designación pero me tiene que dar $us 5.000 y otros 5.000 el día de la posesión”, habría advertido otro funcionario del Consejo también involucrado de apellido Jamachi.
Con estas evidencias, la Fiscalía imputó a R.P.B.M y pidió su aprehensión por existir riesgos procesales de fuga y obstaculización, esta orden dispuesta por el fiscal Oscar Vera a la fecha no se concretó.

Allanamientos

Tras las denuncias, la Fiscalía procedió al allanamiento de algunas oficinas del Consejo e incautó documentación referida al caso. La investigación sigue.