EDITORIAL

Crédito social para vivienda

La paulatina, aunque en algunos casos lenta, puesta en vigencia de las disposiciones contempladas en la Ley 393 de Servicios Financieros para facilitar el acceso a los créditos de vivienda a través de la flexibilización de las condiciones requeridas y la baja de las tasas de interés, ha tenido un muy fuerte impacto en el mercado inmobiliario nacional. Al poner al alcance de gruesos sectores de la población el financiamiento para la construcción o adquisición de una vivienda ha dado un nuevo impulso al sector de la construcción, con el efecto multiplicador que ello conlleva, y ha abierto la posibilidad de que miles de familias bolivianas puedan hacerse de una vivienda propia.
Vista en líneas generales, se trata sin duda de una medida muy positiva. Y no sólo por su efecto inmediato, sino porque viene a llenar un vacío que infructuosamente se trató de hacerlo en gestiones anteriores con medidas que nunca llegaron a cumplir sus objetivos.
El principal resultado de esa falta de una política de fomento a la democratización del acceso a los créditos de vivienda es que nuestro país se destaca por ser uno de los que tiene mayor déficit habitacional. Y eso a pesar de que buena parte del presupuesto familiar de quienes no poseen vivienda propia es destinado a ese rubro a través de alquileres que, precisamente por el déficit señalado, suelen tener un precio mayor del que correspondería en otras circunstancias.
Con el propósito de zanjar esa injusta situación, durante las últimas décadas se ensayaron muchas fórmulas, todas lamentablemente fallidas. La principal causa de los sucesivos fracasos fue que los recursos destinados al financiamiento de viviendas sociales fueron puestos en manos de instituciones estatales que no tardaron en convertirse en botines de guerra de las lides políticas, fuentes de corrupción que dieron lugar a fortunas privadas sin llegar nunca a cumplir el objetivo para el que fueron creados.
Con el sistema actual, no sólo que se elimina completamente la intervención de entidades estatales en la administración y colocación de los créditos de vivienda, sino que deja librados a las reglas del libre mercado los precios de las viviendas que serán adquiridas o construidas por los prestatarios.
Por último, para velar por el buen uso de los créditos de vivienda, no deben perderse de vista algunos riesgos que a la larga pueden ocasionar efectos no deseados. Entre ellos se destacan los señalados por el Fondo Monetario Internacional, que en su más reciente evaluación de la marcha de la economía boliviana advirtió sobre la posibilidad de que el uso de márgenes regulados de tasas de interés y cuotas de crédito que establece la nueva Ley de Servicios Financieros ponga en dificultades la salud del sistema financiero. Se trata de riesgos que como el mismo FMI reconoce, son perfectamente controlables si se mantiene la racionalidad y prudencia con que hasta ahora ha sido administrada la política económica nacional.